Ojo, estos tapones administrativos pueden hacer peligrar los fondos europeos

La oportunidad histórica que representa el fondo europeo de recuperación se enfrenta al riesgo cierto de que España no tenga la capacidad de tramitar a tiempo tal cantidad de dinero. Y es que el proyecto posee las características idóneas para que a la Administración se le haga bola: un presupuesto extraordinario (72.000 millones en transferencias directas hasta 2023) a repartir en un muy corto espacio de tiempo (las iniciativas deben presentarse antes del 30 de abril). Los precedentes son poco halagüeños. De los fondos de cohesión del periodo 2014-2020, nuestro país apenas ha gastado el 39%. El año pasado, solo Luxemburgo ejecutó un porcentaje inferior de estas partidas.

Consciente de este peligro, el Ejecutivo ha incluido entre los objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia la corrección de los “cuellos de botella operativos y legales” que entorpecen la tramitación administrativa. Para ello, anuncia en el documento, aprobará un decreto-ley que permita una gestión “ágil y eficiente” del dinero, “con total respeto a las directivas europeas y a los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas”.

Según detallan fuentes jurídicas, el Ministerio de Hacienda trabaja ya en la redacción del decreto-ley en contacto estrecho con las instituciones europeas y con la implicación directa de La Moncloa, que lleva semanas recabando ideas sobre cómo articular el engranaje administrativo. Uno de sus interlocutores es la CEOE, que ha conformado un grupo de trabajo compuesto por especialistas en derecho público de Uría Menéndez, Cuatrecasas, Garrigues y PwC para que redacten una propuesta de reforma legislativa que elevará directamente a presidencia del Gobierno.

A pesar de que las directivas europeas limitan el margen para modificar los procesos de contratación pública, el mensaje que está trasladando la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes comunitaria (DG-Growth) es que va a admitir la flexibilización temporal de las normas sobre plazos y concurrencia de ofertas. Una manga ancha que no solo acelerará el acceso a los fondos, sino que además permitirá que los Estados favorezcan a los proyectos nacionales.

Unas excepciones, en todo caso, que Bruselas ciñe a la gestión del dinero vinculado a la covid. Esta circunstancia puede empujar a Hacienda a optar por diseñar un procedimiento ad hoc y específico para el fondo de recuperación, en lugar de embarcarse en una reforma de mayor calado y con vocación de permanencia de la tramitación pública.

Esta opción, según coinciden los expertos consultados, es la más acertada. “Lo ideal es elaborar una norma singular”, defiende José María Feliu, codirector del Observatorio de la Contratación Pública y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. La razón, explica, es que el objetivo es distinto al habitual. “En los contratos públicos ordinarios lo que se busca es la oferta económicamente más ventajosa, pero aquí la meta es identificar proyectos que permitan cambiar el país. El precio no debe ser el factor más relevante”.

Acabar con los cuellos de botella requiere dos tipos de medidas: legislativas y organizativas. En relación con las primeras, existe consenso entre los juristas sobre los trámites que pueden acelerarse, suprimirse o posponerse. Las propuestas planteadas van encaminadas a declarar urgente todo el procedimiento, trasladar los mecanismos de fiscalización previos a un momento posterior a la adjudicación o potenciar la solución arbitral de conflictos. Aunque, como recuerda Nicolás González-Deleito, socio de Cuatrecasas, las fases del proceso actúan como garantía y “ganar en agilidad puede generar problemas de control y corrupción”.

El segundo escollo son la estructura y recursos de los organismos públicos. “Resulta paradójico, pero a la Administración le cuesta muchos recursos gastarse su propio dinero”, describe José Amérigo, socio de PwC Tax & Legal, que alerta de que el atasco es inevitable si el caudal de fondos no se canaliza adecuadamente. González-Deleito, por su parte, pide que se incentive que los funcionarios sustituyan sus habituales “criterios defensivos” por una visión más “audaz”.

Colaboración

Para salvar las dificultades que genera la dispersión administrativa nacional, la opción preferida por los expertos es la creación de una agencia estatal que coordine y asuma, además, la interacción con el sector privado. “Hay que movilizar todo el conocimiento posible”, asevera Gimeno Feliu, que reclama que se abran cauces formales para que las empresas puedan presentar sus iniciativas.

Una demanda que suscribe Mariano Magide, socio de Uría Menéndez. “La implicación del sector privado permitiría ganar tiempo, y adecuar los proyectos a las necesidades y capacidades reales de las compañías”, reflexiona el letrado, que expone que el mayor cuello de botella en la contratación se produce en el diseño técnico de la obra, servicio o prestación a licitar. En este trámite, explica, potenciar la colaboración público-privada puede ser un acelerador decisivo.

En la misma línea, Alberto Dorrego, socio de Eversheds Sutherland, sugiere explorar soluciones con un enfoque muy práctico. Una de ellas, relata, es la que ha planteado el sector de las concesiones públicas: alargar el plazo de explotación a cambio de que la adjudicataria desarrolle en la obra o servicio alguna iniciativa vinculada con los objetivos de los fondos europeos. “Sería ágil y rápido, porque la empresa ya conoce a la perfección la concesión”.

Otra posibilidad es incentivar la presentación de propuestas premiando a quien aporte una idea a la Administración con puntos extra en el proceso de adjudicación. Un sistema que ya se emplea en el sistema concesional y que, en opinión de Dorrego, podría extenderse con éxito al resto de contratos públicos y subvenciones.