La Inspección de Trabajo regulariza a 11.013 ‘riders’ de Glovo y le reclama más de 16 millones de euros

Mientras empieza el debate entre Gobierno y agentes sociales para diseñar la futura normativa sobre los riders, se conoce la información relativa a los resultados de la Inspección de Trabajo realizada a Glovo desde 2019. La autoridad laboral ha regularizado a 11.013 trabajadores que prestaban servicio como falsos autónomos a la plataforma catalana de envíos a domicilio. Asimismo, reclama a la compañía 16,2 millones de euros en cotizaciones, según ha adelantado elDiario.es y ha podido confirmar EL PAÍS.

Estos datos son el resultado de 30 actuaciones de inspección entre 2019 y lo que va de 2020 y ponen en evidencia un problema que viene arrastrándose desde hace años y que ya ha llegado a las instancias más altas de los tribunales: la relación laboral existente entre las plataformas digitales y los repartidores. La mayoría de estas actuaciones han sido impulsadas por los sindicatos UGT, CNT, CC OO, CUT, Corriente Sindical d’Izquierda de Uvieu y SAT y se han llevado a cabo en distintos lugares del país: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Granada, Asturias, Baleares, Murcia, Córdoba, Valladolid, Burgos, Salamanca, Pontevedra, Cantabria y Badajoz.

A través de las 22 denuncias interpuestas por los sindicatos, la autoridad laboral ha dado de alta en la Seguridad Social a más de 9.200 trabajadores de Glovo que estaban en situación de falsos autónomos. Para ellos, la inspección reclama a la compañía el pago de 14 millones en cotizaciones que no han sido abonadas por tenerlos trabajando en fraude laboral. Las ocho actuaciones restantes se han puesto en marcha de oficio y han dispuesto la regularización de 1.762 repartidores y la liquidación de 2,2 millones en cotizaciones.

Glovo, por su parte, alega que las actas de la Seguridad Social no son firmes, que ha impugnado todas las bases imputadas y que sigue habiendo sentencias que dan la razón a la empresa y que respaldan el modelo del trabajo autónomo. Además, añade que la cifra a abonar en concepto de cotizaciones es la deuda estimada máxima sobre las actuaciones de la inspección, que no han sido refrendadas por un juez. Esta plataforma digital no es la única que está en la diana de la Inspección de Trabajo, que ya ha actuado contra otras empresas como Deliveroo o Amazon por usar modelos laborales parecidos.

Nueva regulación

Los resultados de estas actuaciones, la mayor inspección realizada hasta ahora a la empresa, se conocen pocos días después de que la Inspección de Trabajo obligara a Amazon a dar de alta a 4.056 repartidores que trabajaban en Madrid y Barcelona como falsos autónomos y a pagar 6,16 millones de euros en cotizaciones. Hace un mes, el Tribunal Supremo había marcado otro hito en este ámbito: a raíz de una denuncia de un exrider de Glovo, zanjó que los repartidores de las plataformas digitales son asalariados y no autónomos. Con este fallo, el alto tribunal dictaminó que las plataformas no son simples intermediarios entre los trabajadores y las aplicaciones que utilizan para realizar sus tareas de reparto, porque sin ellas no podrían prestar el servicio.

Mientras tanto, el Gobierno, los sindicatos y la patronal debaten la futura ley sobre los repartidores que podría estar lista antes de que acabe el año. La mañana de este miércoles las partes han mantenido una primera reunión que el Ministerio de Trabajo ha valorado de “muy positiva y productiva”. En ella han acercado posiciones para ampliar la negociación más allá de los riders, y que su alcance sea evitar el fraude laboral en general a través de las plataformas digitales.

La misma ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró en una reciente entrevista con este periódico que la sentencia del Supremo abre la puerta a que la regulación sobre falsos autónomos en la que su departamento está trabajando sea más ambiciosa.

Los sindicatos UGT y CC OO, por su parte, han valorado positivamente el encuentro de este miércoles relativo a la futura norma. "Saludamos el consenso alcanzado entre las diversas partes representadas en la mesa de concertación social en relación con la necesidad de avanzar en una normativa de ámbito laboral que regule el trabajo que se desarrolla a través de plataformas digitales”, han manifestado en un comunicado conjunto. Agentes sociales y Gobierno tienen previsto reunirse el próximo miércoles para avanzar en las negociaciones.