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El Congreso avala la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021

La medida obtiene luz verde con la abstención de PP y Vox y el voto contrario de Foro Asturias

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En vídeo, señal en directo del debate sobre la estabilidad presupuestaria en el Congreso.Foto: EFE | EPV
Laura Delle Femmine

El pleno del Congreso ha avalado este martes la suspensión de las reglas fiscales que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de octubre. En concreto, la Cámara baja había sido llamada a pronunciarse sobre si existe una situación excepcional que justifique activar la cláusula de escape para este año y el que viene. La medida ha recibido luz verde con el apoyo de la mayoría de las formaciones políticas, la abstención de Vox y del PP y el voto contrario del único diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca. “Se trata sencillamente de aplazar los objetivos hasta que las condiciones económicas lo permitan”, ha resumido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su intervención. Entonces, ha añadido, se pondrán en marcha políticas fiscales dirigidas a volver a “la senda de estabilidad y planes de reequilibrio para sostener las cuentas”.

El Gobierno ha decidido suspender temporalmente las reglas fiscales ante la debacle económica que está causando la pandemia. Esta posibilidad está contemplada en casos de situaciones de emergencia tanto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su artículo 11.3, como en la Constitución, y se ha tomado en línea con la decisión de la UE de activar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2020 y 2021.

“Es necesario subrayar algo: la activación de las cláusulas que hoy debatimos no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; simplemente permite que los Estados miembros pospongan el cumplimiento de los requisitos presupuestarios sin que ello suponga menoscabo alguno”, ha matizado Montero. Y ha reiterado: “La suspensión de las reglas fiscales no suspende la responsabilidad fiscal. Por ello, el Gobierno se ha comprometido ya ahora a rebajar déficit para el próximo año”.

En el Plan Presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas la semana pasada se prevé que los números rojos de las Administraciones Públicas se sitúen en el 7,7% del PIB en 2021 tras alcanzar el 11,3% este año. Estos guarismos se materializarán si también se cumplen las estimaciones sobre el PIB: una caída del 11,2% para este año y un rebote del 7,2% para 2021, que se elevaría al 9,8% gracias a los fondos europeos. Una previsión que empieza a ser vista como optimista por muchos organismos sobre todo ante la reciente evolución de los contagios.

La diputada del PP Elvira Rodríguez ha acusado al Gobierno de irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas y ha alertado del riesgo de que la deuda, que se situará en el entorno del 120% este año, se convierta en un lastre inasumible. El principal partido de la oposición ha, sin embargo, decidido abstenerse en la votación “para que las corporaciones locales y las comunidades autónomas hagan frente a los efectos de la pandemia”, un razonamiento que ha sido criticado por la diputada de Ciudadanos María Muñoz, formación que ha votado a favor de la medida: “Ustedes [en referencia a Vox y PP] con una mano aprietan el botón de la abstención y con la otra piden que se suspendan esas mismas reglas fiscales para los Ayuntamientos y las comunidades donde gobiernan”.

Todas las formaciones regionalistas e independentistas han apoyado la decisión del Consejo de Ministros, con la excepción de Foro Asturias, ya que esta posibilita que administraciones locales y autonómicas incurran en más gasto. El PNV ha reprochado, sin embargo, al Gobierno que este verano se enrocara en llegar a un acuerdo para usar los remanentes de los municipios ―que finalmente fue tumbado por el Congreso―, alegando que a los Ayuntamientos no podía aplicarse la cláusula de escape. “Rectificar desde luego es de sabios”, ha dicho Idoia Sagastizabal, quien ha pedido que se avance en una revisión más profunda de la ley de estabilidad.

Presupuestos

El Ejecutivo evita de esta manera que se vote en el Congreso la senda de déficit, ya que para 2020 y 2021 solo ha fijado unas tasas de referencia que no son obligatorias. Este trámite, que supone el pistoletazo de salida de los Presupuestos, fue perdido en 2018 por el Gobierno.

El Ejecutivo podrá así seguir adelante en la tramitación de unos Presupuestos que den el carpetazo definitivo a las cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy de 2018, que aún siguen en vigor. Aun así, y pese a que la suspensión de las reglas fiscales elimine la votación de la senda de estabilidad en el Congreso, las nuevas cuentas previsiblemente no estarán listas hasta entrado 2021, lo que obligará, aunque sea de manera temporal, a prorrogar las actualmente vigentes una vez más.

El Ministerio de Hacienda ya ha trasladado a Bruselas, en el Plan Presupuestario que envió la semana pasada, y a las Administraciones Públicas, las tasas de referencia del déficit para este año y el siguiente, que no será de obligado cumplimiento. Este límite será del 7,7% en 2021, y la Administración central asumirá, según ha asegurado el Ejecutivo, parte de los números rojos de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas.

La ministra de Hacienda también ha informado este martes a los diputados ―aunque no precisaba votación― el techo de gasto aprobado para el año que viene, el más alto de la historia, hasta los 196.097 millones gracias a la incorporación de un primer tramo de los fondos europeos de 27.000 millones. “Se trata de una cifra sin precedentes que va a permitir unos Presupuestos expansivos”, ha dicho Montero, que ha concluido su intervención lamentando el tono bronco que se ha instalado en el Congreso. “Oposición no debe ser sinónimo de obstrucción”, ha insistido: “En muchas ocasiones la descalificación se impone al razonamiento. Por ello la imagen que trasladamos es a menudo desoladora".

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Sobre la firma

Laura Delle Femmine
Es redactora en la sección de Economía de EL PAÍS y está especializada en Hacienda. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia), Máster de Periodismo de EL PAÍS y Especialista en Información Económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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