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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

A vueltas con las pensiones

Políticamente, parece que cuesta mucho decir que “las pensiones no son sostenibles”

Santiago Carbó Valverde
Un grupo de jubilados en Sevilla, a principios de septiembre.
Un grupo de jubilados en Sevilla, a principios de septiembre.PACO PUENTES (EL PAÍS)

No hay espacio político ni políticos con espacio para plantearse qué puede ser de España en cinco o diez años. Pasarán las inclemencias de la covid-19 y habrá que lidiar con las consecuencias. No obstante, a la vuelta de esa página, probablemente estaremos de frente con problemas parecidos a los actuales: sin adaptar el sistema educativo y de ciencia a la realidad económica, sin un modelo energético claro y sin sostenibilidad para muchos servicios públicos. Una de las tareas pendientes más acuciantes es una estrategia creíble para la sostenibilidad de las pensiones. El debate es ya eterno, como lo es la inacción. Ahora se ha retomado una vez que ha trascendido la posibilidad de que el Gobierno elimine algunos de los incentivos fiscales a los planes privados, siguiendo las recomendaciones de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Políticamente, parece que cuesta mucho decir “las pensiones no son sostenibles”. Sin embargo, esa es la verdad de los números. El Banco de España daba un dato aplastante recientemente: cada jubilado recibe en promedio 1,74 euros de pensión por cada euro que aporta. Conviene recordar que siempre se recibe más, que el sistema se basa en la solidaridad intergeneracional. Esto solo es posible cuando hay más trabajadores que jubilados y los primeros pueden cubrir lo que precisan los segundos. Sin embargo, avanzamos hacia una situación en la que hacia 2050 habrá prácticamente un trabajador por cada pensionista ¿Les decimos a los que tienen ahora que tirar del carro que no se divisan pensiones dignas para ellos o hacemos algo?

Tomando la fiscalidad como punto de partida, considero que no es que no haya que eliminar las desgravaciones, sino que cualquier incentivo es poco para un sistema que ha activado hace tiempo todas las alertas. Hay una insuficiencia crónica y grave. El informe de la Airef es concienzudo, pero basa su crítica a la desgravación en una supuesta regresividad de las desgravaciones de los planes de pensiones privados individuales. Asume que solo favorecen a los ricos. Muchos ciudadanos de renta media no estarán muy de acuerdo. La cuestión clave es que el beneficio fiscal no es tal, es más bien un “no me pagues hoy y ya me pagarás mañana” porque cuando se cobra la prestación en la jubilación, se pasa por caja. Fomentar solamente los llamados planes de pensiones de empleo (que promueven las empresas e instituciones públicas) será seguramente insuficiente en un país con tantas pequeñas empresas y tanta disfuncionalidad del mercado laboral (desempleo, temporalidad, rigideces). El problema de la sostenibilidad es tan profundo que hace falta incentivar todas las modalidades de planes de pensiones privados.

Y todo ello, en un contexto en el que la educación financiera –cuyo día se celebró este lunes– debe potenciarse aún más. Es necesario informar, como se prometió, a cada ciudadano de qué pensión recibiría con las condiciones de hoy, para poder tomar mejores decisiones sobre el ahorro para el futuro. El incentivo más barato y más efectivo es informar. Conocer el drama para reaccionar ante él.

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