La salida a Bolsa de Bankia: el desastre anunciado que acabó en los tribunales

Suele decirse que el juicio a Bankia ha sido el juicio a toda una época, y no hay demasiada hipérbole en esa afirmación. Por supuesto, se juzgaba a los responsables, con Rodrigo Rato a la cabeza, pero todo el sistema de supervisión se puso bajo el implacable foco de la justicia durante los 10 meses que duró el proceso. Por allí pasaron, aunque fuera como testigos, los dirigentes del Banco de España y de la CNMV. Y sus declaraciones sirvieron también para tratar de responder a la pregunta de si los directivos de la entidad pudieron maquillar las cuentas porque les engañaron o porque contaron con su colaboración.

La Audiencia Nacional ha absuelto a los 34 acusados, entre ellos el expresidente de la entidad Rodrigo Rato de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable de los que estaban acusados. La sentencia destaca que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores.

Las cuentas del tercer banco español fueron escudriñadas por decenas de inspectores del Banco de España, auditores y analistas de bancos de inversión, y el folleto de salida a Bolsa fue aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entonces, ¿cómo era posible que se pudieran falsear las cuentas, como creían la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares, para engañar a los inversores? ¿Qué ocurrió para que por primera vez la salida a Bolsa de una entidad de la dimensión de Bankia se malograra y sus responsables acabaran sentados en el banquillo?

El juicio, que empezó en noviembre de 2018, en realidad solo tenía que dirimir dos cuestiones muy concretas: si los encausados cometieron dos delitos, el de falsedad contable y el de estafa de inversores por la salida a Bolsa de la entidad. Pero tratando de dilucidar si fue así o no, el proceso sirvió para conocer las interioridades, o las miserias, de las cajas de ahorros, de los supervisores, de los auditores y del poder político. Una querella de UPyD, a la que después se unieron otras, activó la maquinaria de la justicia en 2012. La sentencia ha llegado ocho años después.

“Hazte bankero a partir de 1.000 euros”. En el verano de 2011 varios anuncios de televisión invitaban a comprar acciones de Bankia, entonces presidida por Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno con el PP y con un currículum que incluía haber estado a la cabeza del Fondo Monetario Internacional. Miles de pequeños ahorradores pasaron a ser pequeños accionistas. Los títulos salieron a un precio de 3,75 euros, un 15% menos del mínimo anunciado en el folleto. Grandes inversores institucionales compraron el resto, animadas o incluso presionadas ante el riesgo que suponía que una entidad sistémica como Bankia, que arrastraba muchos problemas y necesitaba con urgencia captar capital, no consiguiera salir adelante.

Bankia salió a Bolsa el 20 de julio de 2011, pero las cifras con las que los inversores tomaron la decisión de comprar no se correspondían con la realidad. La situación era mucho peor de lo que parecía. Los responsables de Bankia usaron una “irregular y anómala operativa” para que las cuentas de las siete cajas que se habían fusionado el año anterior para crear la Bankia y su matriz, BFA, dieran un resultado con beneficios “ocultando la real situación de las entidades”, detalló la fiscal Anticorrupción del caso, Carmen Launa, en el escrito de acusación.

Solo 10 meses después del debut bursátil, Bankia tuvo que ser rescatada y se tragó 22.424 millones de ayudas públicas. Las cuentas de 2011 reflejaban beneficios de 309 millones de euros. Pero en mayo de 2012, tras la salida de Rato y cuando tomó las riendas José Ignacio Goirigolzarri (actual presidente), se reformularon y aparecieron unas pérdidas de 2.979 millones.

Por la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares desfilaron 34 acusados (31 personas físicas y tres jurídicas: Bankia, BFA y Deloitte) durante 74 sesiones que se prolongaron durante 10 meses. A eso hay que sumar 57 testigos, cuatro peritos judiciales y 16 peritos de parte contratados por las defensas. El juicio quedó visto para sentencia el 1 de octubre de 2019. Rato fue el único que hizo uso de su derecho a la última palabra: aseguró que solo actuó movido por la defensa de los intereses de los accionistas y que el Banco de España supervisó todas sus decisiones.

Los responsables del Banco de España, entre ellos el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de la CNMV llegaron a estar imputados en la causa durante la instrucción, pero las actuaciones contra ellos se archivaron en 2017. Ocurrió poco después de que declarara el que fuera inspector jefe del Banco de España empotrado en Bankia, José Antonio Casaus. Casaus escribió entre abril y mayo de 2011 varios correos a sus superiores en los que advertía sobre la viabilidad del grupo BFA-Bankia y ponía en duda que fuera buena idea la salida a Bolsa de la entidad.

Dos inspectores de la entidad, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, elaboraron sendos informes periciales para el tribunal en los que afirman que la información contable, y especialmente la contenida en el folleto informativo de salida a Bolsa de Bankia, era falsa. Y llevaba tiempo siéndolo: “Todos los estados financieros de BFA y de Bankia desde su constitución hasta la reformulación no cumplían con la normativa aplicable y no expresaban la imagen fiel de la situación económica y financiera de dichas entidades”, se lee en el último informe pericial de Nogueras.

Los peritos del Banco de España consideraban que los directivos de Bankia, con el beneplácito del consejo de administración, maquillaron las cuentas para lograr el éxito de la salida a Bolsa. Señalaban que no realizaron provisiones contra la cuenta de resultados para evitar que la entidad entrara en pérdidas y, según decía la Fiscalía, también para mantenerse en sus puestos y seguir cobrando sus retribuciones.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional considera que la Fiscalía y las demás acusaciones no imputaron “hechos concretos” a los responsables de Bankia y que únicamente les atribuyen “actitudes genéricas”, que “no tienen cabida en un relato de hechos probados de una sentencia condenatoria”. Añade que no pudieron “defenderse adecuadamente de algo tan etéreo, tan abstracto, tan indefinido, como es la observancia de una actitud”. Los 34 acusados han quedado absueltos.