La Administración Pública sufragará los equipos para que los funcionarios puedan teletrabajar

El acuerdo para la implementación del teletrabajo en la Administración Pública sigue su curso después de que la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas haya suscrito su desarrollo esta mañana. En una reunión que ha durado algo más de una hora, los sindicatos han refrendado las posiciones acordadas con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública la pasada semana y que debían ser examinadas en este foro en el que están representadas comunidades autónomas y Ayuntamientos, además de la Administración General del Estado y representantes de los sindicatos UGT, CC OO, CSIF, CIG y ELA. La exigencia de los sindicatos ahora es que las Administraciones inicien lo antes posible las mesas de negociación en los diferentes ámbitos, y especialmente en la Administración General del Estado, para que los más de tres millones de funcionarios y empleados públicos puedan acogerse a esta nueva modalidad de trabajo.

En el texto acordado, que supondrá la modificación del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público con la incorporación del artículo 47 bis, “se regula con carácter básico la prestación del servicio a distancia mediante teletrabajo, fomentando así el uso de las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de la administración digital con las consiguientes ventajas tanto para las empleadas y empleados públicos como para la administración y la sociedad en general queda regulado el teletrabajo de forma estable, permanente, al margen de situaciones coyunturales como las ocasionadas por la Covid-19, y garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía”. Del mismo modo, se especifica que el teletrabajo “no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario que corresponda en cada caso y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal”, y que “requisito previo será la valoración del carácter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo de las tareas asignadas al puesto, la correspondiente evaluación y planificación preventiva, así como la formación en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio”.

En el segundo punto del artículo 47 bis se recoge una de las reivindicaciones que venían reclamando los sindicatos: “la prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados”. Y en el cuarto, otra de las líneas rojas: “la Administración proporcionará y mantendrá, a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad”.

“Hemos suscrito este acuerdo porque deja claros elementos básicos como la voluntariedad, la reversibilidad y la asunción de gastos por parte de las Administraciones”, asegura Carlos Álvarez, responsable federal de la AGE de UGT. “Para UGT era imprescindible que sirviera de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y que asegurase el desarrollo sectorial y territorial a través de la Negociación Colectiva”, añade. “Valoramos de manera positiva este acuerdo, pero reclamamos abrir cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público, ante las dificultades y la presión de las plantillas en áreas como la sanidad, la educación, los servicios de empleo o la Seguridad Social, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19”, aseguran desde CSIF.