Orcel mantiene un pulso con el Santander e irá en seis meses a juicio
Reclama 112 millones al banco y ha pedido que declare la presidenta Botín
El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha fijado el próximo 10 de marzo de 2021 como fecha clave en la disputa fraguada entre Andrea Orcel y Banco Santander en 2018, después de que ayer se celebrara la vista previa del juicio y las partes no hayan alcanzado ningún acuerdo, según fuentes jurídicas.
De este modo, el próximo mes de marzo se iniciará el juicio civil por el fichaje frustrado del banquero italiano procedente de UBS, en el que será interrogada como parte la presidenta del Santander, Ana Botín, a la que le reclama 112 millones por todos los perjuicios. La amenaza de Orcel de llevar al banco cántabro a los tribunales se oficializa tras no alcanzar ningún acuerdo extrajudicial.
El banquero italiano formalizó en julio de 2019 su ofensiva legal contra Banco Santander al presentar una demanda tras la cancelación por parte de la entidad de su contrato como consejero delegado. En su escrito, Orcel reclamaba el cumplimiento de contrato por parte de Santander o, en caso contrario, daños y perjuicios por una cantidad próxima a los 112 millones de euros, incluyendo el sueldo que dejó de cobrar en UBS y el que podría haber percibido en Santander.
Por su parte, el Santander esgrime que el contrato nunca se formalizó, al no darse las condiciones al que estaba supeditado, y que solo se trató de una carta con las condiciones de la oferta.
“El consejo del Santander sigue manteniendo que la decisión de no proceder con el nombramiento del señor Orcel fue la adecuada y se gestionó correctamente. La decisión corresponde ahora a los tribunales”, indicaron ayer fuentes del banco. Para defenderse, el banco presidido por Ana Botín puso el caso en manos de su despacho de cabecera, Uría Menéndez.
El consejo de administración de Santander decidió no seguir adelante con el nombramiento de Andrea Orcel como consejero delegado casi cuatro meses después de anunciarlo en septiembre de 2018, al considerar inasumible tener que hacer frente en su totalidad al bonus en diferido que se había comprometido a abonarle UBS cuando fue fichado por la entidad cántabra, y por pérdida de confianza.
La decisión adoptada a propuesta de las comisiones de nombramientos y retribuciones fue consecuencia de la modificación, tras las negociaciones mantenidas, de las bases sobre las cuales el consejo adoptó la decisión de designar a Orcel y la imposibilidad de que los costes de compensar a éste por sus remuneraciones pasadas excediesen los tenidos en cuenta al acordar el nombramiento.
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