Con pocas opciones de política económica

La caída histórica del producto interior bruto en el segundo trimestre de este año no ha pillado a nadie por sorpresa. La evolución de los indicadores económicos ya anunciaba un resultado de esa magnitud. Tampoco ha sorprendido el hecho de que el desplome haya sido superior al de los países de nuestro entorno, con un menor peso del turismo y unas medidas de contención menos restrictivas y duraderas que en España.

Pese a lo apabullante del dato —una caída del 18,5% intertrimestral—, este ha sido suavizado por la evolución mucho más favorable del sector agrícola y del sector de las Administraciones públicas, sanidad y educación —este último representa el 18% del valor añadido bruto total de la economía—. Si excluimos ambos, tenemos que el resto de la economía, es decir, el sector privado no agrícola, sufrió un descalabro del 24%. Caída, además, que se añade a la ya sufrida en el primer trimestre.

El nivel de actividad alcanzó su punto más bajo en el mes de abril, recuperándose en mayo y junio a bastante buen ritmo, según se desprende de diversos indicadores, aunque manteniéndose aún a mucha distancia del nivel previo a la covid-19. No obstante, esta positiva tendencia puede haberse truncado en gran medida durante julio. La multiplicación de rebrotes de la enfermedad ha obligado a reimponer restricciones en varios territorios, y ha propiciado el mortal golpe al turismo internacional asestado desde el Reino Unido, además de, probablemente, retraer buena parte del turismo nacional, la mayor esperanza que nos quedaba para salvar mínimamente la temporada. De modo que es probable que el rebote del PIB en el tercer trimestre sea más modesto de lo esperado. Si a esto se añadiese una ola generalizada en otoño que obligase a confinar partes amplias del territorio, nuestra economía podría verse abocada a una situación enormemente delicada.

Ante este panorama, las opciones de política económica que nos quedan no son muchas. Las medidas que ya se han adoptado, sin ser especialmente generosas en comparación con otros países, van a elevar nuestro endeudamiento hasta cerca del 120% del PIB, lo que unido al aumento del déficit estructural —derivado de la caída también estructural del PIB— situará nuestra deuda en una senda de insostenibilidad. De hecho, si aún podemos financiarnos con comodidad es gracias al Banco Central Europeo. El margen de maniobra en política fiscal es, por tanto, inexistente.

Lo único que podemos hacer es esperar los fondos de la UE, aunque su efecto no será milagroso, y diseñar una estrategia de política económica de más largo plazo que genere confianza en nuestra economía. Esta debería estar orientada —no por imposición externa, sino por convencimiento propio— a la realización de importantes reformas pendientes en el mercado laboral, formación, fiscalidad, así como a la eliminación de obstáculos regulatorios y burocráticos a la actividad —algunos proyectos recientes van justo en el sentido contrario—, y a aumentar el atractivo de nuestro país como destino de la inversión, especialmente en actividades de mayor contenido tecnológico. Finalmente, es imprescindible un plan creíble de consolidación fiscal a largo plazo.

María Jesús Fernández es economista sénior de Funcas.