El juez del ‘caso Púnica’ cita a declarar como imputado a un exdirectivo de El Corte Inglés

El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha citado a declarar como investigado para el próximo 24 de julio al exjefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés Faustino José Soriano por su presunta participación en las irregularidades detectadas en una operación urbanística ejecutada entre 2001 y 2006 en Valdemoro (Madrid) con terrenos propiedad del grupo empresarial. En esta operación, la trama presuntamente encabezada por el exconsejero madrileño del PP Francisco Granados se embolsó supuestamente 60 millones de euros. El magistrado cita como imputado a Soriano después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocase el 7 de julio un auto anterior cuyo en el que había rechazado las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación ejercida por el PSOE de investigar al exdirectivo de El Corte Inglés al considerar que no había indicios suficientes para ello.

En este nuevo auto, fechado el pasado lunes y al que ha tenido acceso EL PAÍS, García-Castellón recalca que la cita del exdirectivo es fruto de la decisión de la Audiencia Nacional, pero insiste en que hasta el momento la investigación no ha revelado “una actividad indiciaria suficiente que permita vincular” las actividades de varios de los presuntos cabecillas de la trama con la de Soriano. De hecho, aunque tomará declaración a este como imputado, y también a una segunda persona, Javier Cid, hermano de uno de los constructores investigados en la causa, el magistrado rechaza otras diligencias solicitadas por la Fiscalía. Entre ellas, el embargo cautelar de varios inmuebles registrados a nombre del exdirectivo de El Corte Inglés y su esposa.

“Será necesario escuchar la declaración de aquel [Soriano] para determinar, junto con la documentación aportada, hasta qué punto hubo una voluntad concentrada con los empresarios en la firma de los diferentes contratos expuestos suscritos por El Corte Inglés”, señala el juez antes de poner en duda varias conclusiones expuestas por Anticorrupción en su escrito.

Con la declaración como investigado del exdirectivo del grupo, la Fiscalía pretende aclarar su supuesta participación en la permuta gestada a partir de 2001 de 16.650 metros cuadrados de terreno rústico que El Corte Inglés tenía en este municipio del sur de Madrid —y que fueron posteriormente recalificados y destinados a la construcción de vivienda libre—, por otros 188.775 metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento de Valdemoro en otro polígono para levantar nuevas instalaciones logísticas que se sumarían a las que ya contaba en la localidad desde los años setenta.

Anticorrupción considera que la operación estuvo plagada de irregularidades, aunque el antiguo directivo negó en conversación telefónica con EL PAÍS el pasado 2 de junio cualquier ilegalidad en una operación en la que, asegura, él no tuvo participación directa, y de la que responsabiliza a otro directivo del grupo ya fallecido. Soriano abandonó su puesto en El Corte Inglés hace seis años. Fuentes del grupo empresarial también rechazaron entonces irregularidades en la permuta y recalcaron que El Corte Inglés salió perjudicado en aquella operación, porque finalmente no pudo levantar la instalación industrial que pretendía, porque posteriormente se dio a los terrenos valor ecológico.

En su escrito, la Fiscalía insistía en que Soriano “participó activamente, representando a El Corte Inglés y, además, buscando un beneficio propio en varios ardides del plan concertado” por varios integrantes de la trama, entre los que cita, además de a Granados, a los constructores Ramiro Cid, David Marjaliza y José Luis Cápita, además de al sucesor de Granados al frente de la alcaldía, José Miguel Moreno Torres, todos ellos ya imputados. Anticorrupción destacaba que el plan “buscaba el enriquecimiento de todos ellos a costa de dirigir los desarrollos urbanísticos de dicha localidad, acaparando las parcelas del Ayuntamiento y suelo rústico propiedad de terceros que pasaría después a urbanizable”.

El informe asegura que las irregularidades supusieron un desvío de las arcas públicas de más de siete millones de euros, además de arrebatar al Ayuntamiento “unas plusvalías que pudieron suponer los 60 millones”. La Fiscalía añade en su informe que Soriano participó “en el reparto del botín” al recibir “dinero en efectivo” y un chalé de 406 metros cuadrados. También pone bajo sospecha la adquisición que hizo, junto a su esposa, de otros tres inmuebles en Valdemoro a uno de los constructores de la trama, escriturados presuntamente muy por debajo del precio real.