Anulado por conflicto de interés el primer laudo perdido por España tras el tijeretazo a las renovables

Tras el varapalo que supuso el primer arbitraje contra España por el tijeretazo aplicado sobre la retribución a las energías renovables casi una década atrás llega un cierto alivio. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, dependiente del Banco Mundial) ha cancelado este viernes el primer laudo decretado hace algo más de tres años contra el Estado español, que obligaba a este a pagar 128 millones de euros a un fondo de inversión británico (Eiser). El tribunal, tras una reclamación formulada por España, aprecia posible conflicto de intereses en uno de los árbitros del caso.

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El vehículo británico de inversiones y una de sus filiales, radicada en Luxemburgo, buscaba resarcirse por el daño económico derivado del recorte del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las primas concedidas por su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, para el desarrollo de las energías limpias. En su caso, había visto mermada la retribución de la electricidad que generaba en tres termosolares instaladas en suelo español cuando las bonificaciones gubernamentales eran una realidad.

Tras constituir un nuevo tribunal, el Ciadi da la razón a España no por el caso en sí sino en una queja posterior, presentada meses después de que se emitiera la resolución contraria a los intereses españoles, por sospecha de conflicto de intereses del árbitro propuesto por Eiser Infrastructure y su filial luxemburguesa Energia Solar. Stanimir Alexandrov, que así se llama, era también parte de otro tribunal en el que también estaba inmiscuido el Estado español. En los arbitrajes del Ciadi cada una de las partes presenta el nombre de un árbitro (que debe ser imparcial e independiente de quien le nombra) y el propio órgano de arreglo de diferencias propone a un tercero. Las decisiones se toman bien por unanimidad, bien con dos de los designados a favor de una de las propuestas.

En mayo de 2017, el ente del Banco Mundial estimó solo parcialmente la demanda de Eiser Infrastructure, que reclamaba 300 millones de euros. Pero su decisión abrió un camino que han transitado otros muchos demandantes por la cancelación de las primas otorgadas en un principio a las energías renovables y que fueron retiradas en plena crisis económica y como parte de la reforma del sector eléctrico de los años 2013 y 2014: España se ha visto obligada a pagar más de 1.000 millones tras perder 13 casos más. La resolución de este viernes no afecta en nada a todas ellas, por lo que la factura que tendrá que afrontar el Estado por este caso seguirá siendo muy onerosa.

Solo los dos últimos laudos perdidos por el España (representada ante el Ciadi por la Abogacía del Estado) muy probablemente acaben obligando al erario a abonar una cantidad superior a la de la decisión recién anulada por el organismo. En el primero, otra firma luxemburguesa (Watkins Holding) obtuvo el 60% de la compensación total reclamada: 77 millones sobre un total de 133. En el segundo, la alemana RWE Innogy le reclamaba 273 millones de euros y el tribunal, tras darle la razón, abrió un periodo para que las partes pudiesen alcanzar un acuerdo sobre la cuantía final.