El déficit del Estado se dispara en abril: los gastos aumentan casi un 49% y los ingresos caen un 29%

Los primeros datos disponibles van confirmando la tendencia esperada. El déficit del Estado central entre enero y abril rozó los 20.000 millones de euros, el equivalente al 1,78% del PIB, casi el triple del registrado el mismo periodo del año pasado. Solo el tramo final del periodo (la mitad de marzo y todo abril se ve impactado por los efectos de la reclusión) y el incremento del gasto público está lejos de haber llegado a su fin: es una de las pocas herramientas de combate contra los efectos económicos y sociales del coronavirus.

Un examen a las cifras de ejecución presupuestaria difundidas este viernes por Hacienda muestra la crudeza del golpe que la crisis de la pandemia está teniendo sobre las cuentas públicas. Los gastos públicos se dispararon en abril un 48,7% y los ingresos cayeron un 29,2%. El agujero que esta asincronía deja en el presupuesto es casi trágica: Solo en abril el déficit se disparó en 13.641 millones, en términos de Contabilidad Nacional. A este ritmo la brecha presupuestaria a final de año superará los 100.000 millones de euros, los mayores números rojos desde, al menos, la crisis financiera de 2009.

En los cuatro primeros meses del año, el desequilibrio entre gastos e ingresos de todas las Administraciones públicas fue del 1,78%, el doble en términos absolutos: de 7.863 millones en el mismo periodo de 2019 pasó a 19.929 millones, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda. Hasta marzo, el déficit conjunto de todas las Administraciones públicas, excluidos los Ayuntamientos, se situó por su parte en el 0,77% del PIB: 8.674 millones frente a los 3.693 millones de un año atrás.

La viabilidad futura de este fuerte incremento del déficit depende, casi íntegramente, de lo que se decida en los dos grandes centros de poder de nuestros días en el Viejo Continente: Bruselas y Fráncfort. Y en ambos casos (Comisión Europea y Banco Central Europeo) la reacción está siendo completamente distinto al de una década atrás, cuando los países mediterráneos quedaron expuestos a la intemperie de los mercados y acabaron siendo rescatados. Nada apunta a un desenlace similar esta vez: el Ejecutivo comunitario ha propuesto un programa de inversiones sin precedentes con cargo al presupuesto europeo —que aún debe recibir el visto bueno de todos los socios— y el instituto emisor se ha lanzado a comprar deuda de los países en apuros desde el día cero, evitando así una escalada de las primas de riesgo. Mantendrá el pulso a los especuladores, según ha subrayado la propia Christine Lagarde, el tiempo que sea necesario.

“La estadística refleja ya impactos significativos ocasionados por la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19. Una situación que se seguirá agudizando en los próximos meses”, admite el Ministerio en el comunicado hecho público este viernes. Es un doble choque de proporciones inimaginables hace solo unos meses: al desplome de la recaudación por la menor actividad empresarial y el hundimiento del consumo durante el confinamiento se suman unos gastos extraordinarios del sector público para dotar de liquidez a las empresas, hacerse cargo de parte del salario de los trabajadores inmersos en procesos de ERTE y auxiliar a los autónomos. En el caso de la Administración central influye, también, la actualización de las entregas a cuenta y el anticipo de la mitad de la liquidación de 2018, “que ha permitido transferir importantes recursos a las comunidades para hacer frente a la emergencia sanitaria”, según explica el departamento que dirige María Jesús Montero.

En abril, el primer —y, probablemente, último— mes íntegramente afectado por la pandemia, los ingresos del Estado cayeron un 29,2% y los gastos se dispararon un 48,7% a raíz de los aplazamientos de impuestos y las mayores ayudas aprobadas para hacer frente a los estragos del virus.

En el caso del primer cuatrimestre del año, la caída de ingresos fue propiciada, en gran medida, por el descenso en la recaudación de impuestos, un apartado que representa más de ocho de cada 10 euros que entran en las arcas centrales y que se hundieron un 11%. En ese capítulo, los impuestos sobre la producción y las importaciones cayeron algo más del 6%, con un descenso del IVA del 9,6% por la fuerte merma del consumo propiciada por la reclusión sanitaria. También cayó a plomo el IRPF (-26,5%) y algo menos el impuesto de sociedades (-9,1%). Los impuestos sobre el capital sufrieron un desplome del 20% y las cotizaciones sociales, del 1,7%.

Los gastos, por su parte, se vieron arrastrados en los cuatro primeros meses del año por el aumento de las transferencias de la Administración central al resto de entes públicos y de partidas específicas para hacer frente a la pandemia: el programa de prestaciones sanitarias y de farmacia, por ejemplo, aumentó en 891 millones y el gasto en consumos intermedios se disparó un 35,4%.

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