La Junta de Extremadura no ejecutará la subida de salario acordada para los funcionarios

La Junta de Extremadura ha anunciado este martes que no llevará a cabo la subida del salario del 2% acordada para los funcionarios el pasado 4 de marzo, debido a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de la covid-19. Así se lo ha transmitido por videoconferencia a los sindicatos de los tres ámbitos afectados (sanitario, educativo y administración general) Pilar Blanco-Morales, vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta que preside el socialista Guillermo Fernández Vara. Esta decisión compromete a cerca de 48.000 empleados públicos de la Administración.

A pesar de la renuncia a la subida, sí se mantendrán los otros apartados recogidos en el controvertido acuerdo alcanzado hace más de dos meses, como la congelación de la carrera profesional y la vuelta a las 19 horas lectivas semanales para los docentes de secundaria en el próximo curso.

Blanco-Morales justificó esta decisión por la caída en la recaudación como consecuencia de la crisis económica y el aumento del gasto sanitario durante los tres meses que median bajo la declaración del estado de alarma. Para ello apeló a los datos del Ministerio de Hacienda, que recogen una merma de recaudación de 9.500 millones de euros (para una caída del 9,2% del PIB), y que en Extremadura tendrá un impacto superior a los 260 millones derivados del sistema de financiación autonómica. A este hachazo se sumarían los alrededor de 40 millones que han dejado de recaudarse por tributos propios, mientras que los gastos en materia de sanidad derivados del coronavirus superan los 70 millones, según estimaciones de la Junta.

“Previsión realista”

“Tenemos que priorizar y atender las necesidades básicas y esenciales de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad”, ha asegurado en este encuentro digital la vicepresidenta autonómica, que ha incidido en hacer “un ejercicio de previsión realista y transparente”, teniendo como prioridad “atender las necesidades básicas y esenciales de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad”.

El sindicato de funcionarios CSIF indica que durante el anuncio hizo saber a la vicepresidenta su “decepción” y le afeó que “los acuerdos se firman para cumplirse”. Además, anuncia la convocatoria de actos de protesta “para poner en valor la figura de los empleados públicos de las diferentes Administraciones que están al servicio de los extremeños y que han demostrado, una vez más, la profesionalidad y el rigor que les caracteriza, dando lo mejor de cada uno de ellos en una situación muy difícil como la actual”. UGT subraya que esta circunstancia “supone una discriminación con el conjunto de empleados públicos del Estado, puesto que la gran parte de los mismos ya están percibiendo en sus nóminas este incremento”.

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