El comercio minorista pide ayuda a los partidos para renegociar alquileres

Con el decreto del estado de alarma y la orden de cierre de todos los comercios no esenciales, hace casi dos meses, el comercio minorista de todo lo que no era esencial ha perdido una gran parte de sus ingresos. Los clientes no se han podido acercar a las tiendas, que solo ahora, y no en toda España, comienzan a abrir sus puertas, con muchas limitaciones. Durante estas semanas sin ingresos, los alquileres se han convertido en el principal caballo de batalla de los comercios, que solicitan ayuda a los partidos políticos para poder renegociarlos y para la redacción de una ley especial que regule el arrendamiento de locales comerciales. Un total de 103 enseñas comerciales de varios sectores (desde moda a restauración, pasando por óptica, joyería, deportes o telefonía) con 9.000 tiendas en España han lanzado una iniciativa conjunta para explicar su situación a las fuerzas políticas y que les ayuden a renegociar sus contratos.

Entre los 103 firmantes del documento figuran muchas firmas de moda, como Cortefiel (todas las enseñas de Tendam), Mango, Desigual, Adolfo Domínguez, Scalpers o Bimba y Lola, las zapaterías Marypaz, las tiendas de deporte Base:, los centros oftalmológicos General Óptica o Soloptical, restaurantes como Brasa&Leña o Manolo Bakes, o las tiendas de telefonía Phone House. Según sus cifras, entre todas ellas suman 9.572 locales, con 60.364 empleados. Afirman que no tienen ingresos desde el 14 de marzo y desde entonces están "atenazados por contratos de arrendamiento que no han podido suspender ni extinguir”, sin tener aún claro cuándo y en qué condiciones abrirán pero seguros de que “la nueva realidad significará también no poder soportar las condiciones de arrendamiento previas al 14 de marzo”.

Por ello, lanzan esta iniciativa, cuyo objetivo es doble. Por un lado, recabar el apoyo de los partidos, con reuniones bilaterales, para poder “negociar en condiciones de igualdad frente a sus arrendadores” y, por otro, para trasladarles la necesidad de la redacción de una nueva ley sobre arrendamientos comerciales. El documento con sus demandas se registrará esta semana en el Congreso de los Diputados.

En el primero de los temas, piden poder “dejar sin efecto sus actuales contratos, ya que en la mayoría de los casos los grandes arrendadores cuentan con cláusulas de indemnización y plazos de obligado cumplimiento que resultan imposibles de salvar en la actual situación de estado de alarma”. Quieren resolver todos los contratos anteriores al 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, "para poder "negociar en igualdad de condiciones con nuestros arrendadores”.

Los firmantes señalan que el Gobierno, por ahora, se ha limitado a dejar en manos de arrendadores y arrendatarios la renegociación de los contratos, lo que, dicen, “ha impedido a las marcas alcanzar acuerdos que eviten el cierre de tiendas y, en algunos casos, de empresas”. El Gobierno aprobó a finales de abril una moratoria que permite a autónomos y pymes aplazar el pago de sus alquileres comerciales hasta cuatro meses después del levantamiento del estado de alarma, pero este no es el caso de las empresas firmantes.

Por otro lado, reclaman la aprobación de una ley de arrendamientos comerciales que “contemple la realidad” de estos alquileres, que en la actualidad se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Denuncian que esa legislación data de 1964, pese a que ha sido actualizada “innumerables” veces y afirman que es necesario “apartar los arrendamientos comerciales del marco actual de arrendamientos de vivienda” y contemplar “las novedosas formas y emplazamientos de comercialización surgidas en los últimos años”.

Consultada por este periódico sobre la iniciativa de las firmas, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA), que agrupa a grandes tenedores de inmuebles, ha recordado ya antes del decreto sobre los alquileres comerciales a pymes y autónomos, “la gran mayoría de compañías del sector –demostrando profesionalidad y sensibilidad– pusieron en marcha diversas iniciativas de apoyo a sus inquilinos con medidas como la condonación, moratoria o renegociación de rentas”, que luego quedaron reguladas en ese real decreto. Además, “recuerda la importancia de que las administraciones públicas ofrezcan estabilidad y seguridad jurídica”.