CEOE pide que ayuntamientos y comunidades tengan más peso en los planes de desescalada

Los empresarios creen que a la hora de gestionar la salida del confinamiento y la recuperación de la actividad las comunidades autónomas y los ayuntamientos son las que “tienen más información” y, por tanto, “se les tiene que oír mucho más”. Aunque, “lógicamente el plan sanitario” lo tiene que coordinar el Gobierno central, según ha reclamado el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, en la presentación de la Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID­‐19. En ella, la patronal parte de unas previsiones económicas que pronostican una caída del PIB este año entre el 8% en el mejor escenario y el 15% en el peor.

A la hora de preparar la salida del confinamiento y la vuelta a la actividad, la CEOE ha lanzado esta mañana un abanico de propuestas que profundizan en la linea que ha mantenido durante las semanas que han pasado desde que se ha proclamado el Estado de alarma. Por ejemplo, la patronal insiste en que se elimine el requisito de mantener el empleo durante seis meses para las empresas que hayan aplicado un ERTE por fuerza mayor y se hayan exonerado cotizaciones a la Seguridad Social. También reclama que se elimine la restricción de los despidos objetivos que se decretó por el Gobierno para dificultarlos durante la crisis y redirigir los ajustes hacia los ERTE.

En otros puntos, va más allá. “Pedimos profundizar en las ayudas a las empresas”, ha reclamado Fernández de Mesa. Esa ayuda llegaría con la agilización de los avales del ICO y la ampliación de la cobertura hasta el 100% del crédito; también ampliando “el alcance de las medidas tributarias y de cotizaciones sociales adoptadas”, extendiendo las exenciones de cotizaciones a empresas que se comprometan a mantener el empleo; y reduciendo impuestos como el tributo de sociedades o el IRPF de rendimientos empresariales y profesionales.

Este aumento de gasto y reducción de ingresos, admite Fernández de Mesa, supondrá un gran incremento de gasto este año. “No queda más remedio”, asumiendo que habrá que financiarlo recurriendo a deuda, pero solo en 2020. A partir de 2021, el responsable empresarial ya pide un ajuste que lleve los números rojos en las cuentas públicas a un nivel “cercano” al que había antes de que explotara la crisis.

El razonamiento de Fernández de Mesa y, por extensión, de CEOE es que estas ayudas suponen un esfuerzo que se hace un sola vez porque es necesario para que no caiga tejido productivo. “Que no haya empresas que se vena abocadas a la insolvencia. La clave es el número de empresas que va a sobrevivir”, continúa, explicando que ese auxilio solo se haría durante este ejercicio y no sería estructural.

Sí que serían estructurales otros gastos y de esos y sus medidas habría que huir, ha apuntado el también secretario de Estado de Economía entre 2014 y 2016. Este le lleva a rechazar propuestas como la que está ultimando el Gobierno del Ingreso Mínimo Vital, que supondría un gasto anual en los primeros compases de unos 5.500 millones.