Cataluña aprueba un impuesto a las eléctricas y los operadores de telecomunicaciones

El Parlamento catalán aprobará este viernes los primeros Presupuestos de la Generalitat en tres años. Irán de la mano de una ley de acompañamiento que articula un potente paquete fiscal, con modificaciones de tributos y la creación de otros nuevos impuestos enfocados a aumentar la presión fiscal a las rentas más altas y a las empresas. El Govern aspira a ingresar 145 millones de euros. Para lo que queda de 2020 prevé recaudar 72 millones. Los nuevos impuestos afectan principalmente a las compañías eléctricas y a las de telecomunicaciones.Las empresas cuestionan estas figuras tributarias porque consideran que son inconstitucionales y piden que el Gobierno central las recurra.

La coalición independentista que gobierna en Cataluña sacará adelante sus cuentas gracias al apoyo en forma de abstención de Catalunya en Comú. A cambio el grupo próximo a Podemos ha impuesto su marchamo tanto en las partidas de gasto para 2020, que tendrán que ser modificadas para afrontar el gasto público derivado de la covid-19, como en un nuevo esquema tributario que nacerá este viernes con la previsión de inyectar a las arcas autonómicas unos 540 millones de euros anuales adicionales.

Las modificaciones son diversas. El impuesto del IRPF cambia para gravar a las rentas más altas y reducir la presión fiscal a las más bajas, se limitan las exenciones para el impuesto de sucesiones, se crea un impuesto para pisos vacíos y se crea un nuevo gravamen para los vehículos que emitan dióxido de carbono (en este último caso, a través de otra ley). También se elevan el tributo a las bebidas azucaradas y la tasa turística.

Las variaciones en Sucesiones serán las que aportarán más recursos a la Generalitat, 189,7 millones, pero el impuesto que en esta ocasión ha generado más polémica ha sido el “impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente”, tal y como lo presentaron en diciembre pasado. Para el Govern se trata de una figura “medioambiental”, pero el tributo ha generado “incredulidad y confusión” en el sector de las telecomunicaciones, según afirma un ejecutivo del sector, al considerar que pone trabas el desarrollo de redes, que son justamente, según su opinión, “un factor de sostenibilidad” porque pueden contribuir a la disminución de la movilidad y anclar modelos de negocios en el territorio.

Impuesto a la producción de energía eléctrica

El impuesto obligará a tributar a la producción, almacenamiento y la transformación de energía eléctrica, así como el transporte de esta o de telefonía que se realiza a través de enclaves fijos (torres eléctricas y de telecomunicaciones). Ya existe un tributo similar a nivel estatal. Por lo que la nueva tasa catalana podría ser anulada. Quedan al margen actividades dirigidas al autoconsumo o energías verdes y la Generalitat impide que su coste sea repercutido a los consumidores.

La base imponible se fijará mediante el promedio de los tres últimos ejercicios de la producción bruta media o la extensión en kilómetros y en torres de las redes fijas. Así, por ejemplo, por cada kilómetro o torre de línea eléctrica de tensión inferior a 400kV se pagarán 700 euros. Por tensiones superiores, el gravamen alcanzará los 1.200 euros. Los enclaves de telecomunicaciones, por su parte, tributarán 700 euros.

Impacto en las empresas

Este impuesto afecta a Endesa e Iberdrola por sus centrales nucleares, a la red de Endesa y de REE, a Naturgy por los ciclos combibados, así como a las torres de grandes distribuidores como Cellnex o Telefonica. El impacto mayor lo sufren las nucleares a las que se cobrará cinco euros por megavatio/hora (MWh), lo que supone que tendrán que pagar 120 millones. De ellos, Endesa se lleva la mayor parte, ya que es propietario del 100% de los dos grupos de la nuclear Ascó y del 85% de Vandellós 2. El resto corresponde a Iberdrola.

Fuentes empresariales sostienen que el impuesto es inconstitucional, ya que supone una doble imposición “puesto que ya existe un impuesto estatal que grava la generación eléctrica en España que las compañías ya abonan”. E incluso triple, ya que las eléctricas pagan un impuesto por los residuos nucleares. Ante eso reclaman que el Gobierno recurra la decisión. A su juicio, la nueva carga hace inviable la explotación de las nucleares, por las que pagarían 22 euros MWh, cuando en la actualidad el precio está muy por debajo.