Una semana de hibernación económica

Todos confinados. Hoy se cumple una semana desde que el Gobierno reforzó la paralización de todas las actividades no esenciales. Lo hizo mediante un real decreto, que llegó con nocturnidad, casi en la medianoche del domingo al lunes y estableció un margen de un día para su acatamiento, con una fórmula que todavía no se había empleado desde el origen de la crisis sanitaria. Todos los empleados por cuenta ajena —los autónomos quedaban fuera— que no habían parado hasta el pasado lunes están desde entonces de permiso retribuido recuperable. Es decir, que tienen una suerte de vacaciones forzosas y luego deberán devolver a la empresa esas horas durante el resto del año. El permiso se aplica hasta el próximo día 9, contando con que al día siguiente es festivo nacional (Viernes Santo) y luego llega el fin de semana. En total, dos semanas de máxima hibernación de la economía para intentar doblegar a la curva de la epidemia.

El decreto llegó con numerosas excepciones (25 incorporaba en un anexo) que incluyen las actividades esenciales, pero también a aquellos que ya teletrabajaban o algunas actividades, como la siderurgia, donde no es posible detener la producción por los costes que tendría. La industria y la construcción son los sectores a los que más directamente apelaba la nueva norma, cuyas singularidades hacen difícil calcular su coste. Las estimaciones, que hay que tomar siempre con mucha cautela, apuntan que en las dos primeras semanas de confinamiento tras la declaración del estado de alarma del pasado 14 de marzo se perdió un 40% de actividad. La semana que acaba y la próxima, con el reforzamiento de las medidas de paralización económica, la caída será del 60%. Eso costaría alrededor de cuatro puntos porcentuales de PIB en un mes, unos 49.000 millones de euros.

Más sencillo es aproximarse a otras cifras para calcular la magnitud del frenazo de actividad, como por ejemplo la demanda eléctrica, un medidor clásico en las huelgas. Del lunes al viernes pasados, la demanda peninsular fue de 2.902 gigavatios hora, un 8,4% menos que en la semana anterior y un 19,1% menos que a principios de marzo, según datos de REE recopilados por Servimedia. Además, la caída se fue intensificando conforme avanzó la semana, lo que muestra una parada progresiva de algunas actividades. El lunes, dentro del plazo de 24 horas que el Gobierno dio a los sectores que no podían detenerse de golpe, el descenso era del 4,9% respecto al mismo día de la semana anterior. El jueves y el viernes se rondaba el 10%.

Cuando Pedro Sánchez anunció la decisión el sábado 28, señaló que el objetivo era reducir la movilidad, y por tanto los contactos entre personas, para aproximarse a las cifras de los fines de semana. La meta, si se observan los datos de desplazamientos ofrecidos por el propio Ejecutivo, se ha logrado a medias. El tráfico de vehículos particulares ha bajado esta semana un 84% respecto a un día normal. No llega a las cifras, por encima del 90% de los sábados y los domingos, pero es casi diez puntos más que el 75% de caída que se registraba la semana pasada. Es decir, que se mueve más gente que un fin de semana, pero bastante menos que antes del decreto.

Esa es una de las pocas cosas claras que existen entre tantas dudas. Una de las que se podrán evaluar cuando pase un tiempo es el daño sobre la producción y sobre el empleo. Los sindicatos se quejan de que muchos trabajadores contratados por obra y servicio o en situación de precariedad han recibido un despido en lugar de un permiso pagado.

Tampoco se sabe todavía qué pasará el lunes 13 de abril, fecha en que en teoría todo debería volver a la normalidad previa al 29 de marzo, aunque todo apunta a que el estado de alarma se prolongará hasta el 26 de abril aunque podrían levantarse los límites de algunas actividades como la industria pesada. La incertidumbre principal, la extensión de la pandemia del coronavirus y su alcance sanitario, seguirá pendiente de resolución.

El cortocircuito llega la construcción

Uno de los sectores a los que iba dirigido el decreto de hibernación del pasado domingo era el de la construcción, que mantenía buena parte de la actividad, pese a la protesta de los sindicatos por los problemas de seguridad frente al virus. El decreto que obliga a detener toda actividad no esencial afecta en el sector a casi 1,8 millones de empleos mensuales, 500.000 de ellos indirectos, según cálculos de Seopan, la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras. El decreto consiguió parar el 89% de las obras, todas aquellas que no son urgentes ni de interés general.

El País Vasco bordea el coma industrial

La paralización de la actividad es casi total en el polígono más grande de Euskadi, en Álava, y en buena parte de la industria vasca tras el decreto del domingo que paralizaba toda actividad no esencial. Pero la flexibilización autorizada dos días después insufla vida a muchas empresas. La industria vasca, netamente exportadora, contiene la respiración para que el 14 de abril se acaben las restricciones y puedan volver a la normalidad.

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