Argentina necesita que sus acreedores privados renuncien al menos a 55.000 millones de dólares, según el FMI

Mientras el mundo se estremece por el coronavirus y los mercados financieros sufren convulsiones extraordinarias, Argentina sigue agobiada por su deuda. El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, tuvo el viernes un primer contacto directo (telemático) con los acreedores privados, en el que admitió que el país había llegado “al límite” y no disponía ya de reservas para hacer frente a nuevos pagos. El Fondo Monetario Internacional le prestó respaldo y estimó que los acreedores deberían aceptar una reducción “sustancial” de la deuda externa argentina. Cifró esa reducción entre 55.000 y 85.000 millones de dólares, dependiendo del nivel de los tipos de interés.

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El Gobierno de Buenos Aires pidió al FMI que realizara un análisis externo, algo parecido a una auditoría de urgencia, sobre la situación económica argentina y sus posibilidades reales en cuanto a la deuda. La directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva, atendió la demanda y publicó un informe, precisando sin embargo que la ausencia de un plan gubernamental concreto obligaba a basar las previsiones en “los anuncios realizados” por el presidente Alberto Fernández, el propio Martín Guzmán y otros dirigentes. La conclusión fundamental fue la esperable: la deuda alcanza ya el 96% del PIB y resulta “insostenible”.

La deuda bruta alcanzó los 323.000 millones de dólares a final de 2019. Los inversores privados detenían 133.000 millones, de los que 73.000 correspondían a bonos emitidos en divisa extranjera. Entre hoy y finales de 2023, el simple pago de intereses supondría más de 30.000 millones. En su presentación ante los bonistas, el ministro de Hacienda estimó que, sin una quita de capital e intereses y sin aplazamientos, habría que destinar al pago de deuda entre el 17% y el 23% del PIB, es decir, del total de la producción anual argentina. Fue otra forma de decir que la deuda es impagable.

En opinión del FMI, Argentina solo está en condiciones de dedicar al pago de la deuda hasta un 5% de su PIB. Hay que tener en cuenta que se trata de una economía en recesión desde abril de 2018 y que este año sufrirá una nueva contracción, estimada por la institución de Washington en torno al 2,3%. Sin contar con los efectos aún no mensurables, pero probablemente gravísimos, de la crisis mundial provocada por el coronavirus.

Martín Guzmán fue más optimista que el FMI y dijo a los acreedores extranjeros que la recesión supondría en 2020 un decrecimiento de solo el 1,5%, en el peor de los casos, y que el año próximo la economía argentina estaría ya creciendo por encima del 2,5%. Para 2024, el Banco Central dispondría de unas reservas netas de 65.000 millones de dólares para hacer frente a imprevistos. Eran cifras poco creíbles, incluso sin tener en cuenta la pandemia.

El FMI, al que Argentina adeuda 44.000 millones de dólares, se abstuvo de recomendar algún tipo de fórmula de reducción sobre la deuda privada. No apostó ni por reducir el principal, ni por bajar o suprimir los intereses, ni por aplazar los pagos, y dejó todo eso a la libre negociación entre el Gobierno argentino y sus acreedores. Martín Guzmán aspira a una combinación de las tres opciones. El FMI sí estableció, sin embargo, que la quita sobre el monto total debería ascender al menos a 55.000 millones de dólares (en el caso de que los intereses quedaran alrededor del 6% anual) o hasta 85.000 millones, si los intereses estuvieran en el 9% o más.