El Supremo condena a Seat a asumir la indemnización por un caso del ‘dieselgate’

Una mujer adquirió un Seat Ibiza de motor diésel en septiembre de 2013 a través uno de los concesionarios de la red Volkswagen, Talleres Menorca. Pero la compradora se sintió “engañada” apenas dos años más tarde, cuando saltó el caso dieselgate: un gigantesco fraude cometido por el grupo alemán que se basaba en manipular los motores para que en los bancos de pruebas mostraran unos datos de emisiones contaminantes muy inferiores a los que ofrecían cuando circulaban en condiciones normales. Por ello, en 2016 presentó una demanda contra el concesionario y contra el fabricante, Seat, que fue parcialmente estimada. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca condenó, pero solo al concesionario, a indemnizarle con 500 euros más intereses. Ahora el Tribunal Supremo ha corregido ese fallo y ha decidido que Seat tiene que asumir también responsabilidades económicas, lo que puede marcar el camino para otras sentencias similares.

Seat, perteneciente a Grupo Volkswagen, alegó para intentar librarse de la condena que no había participado “en el diseño, desarrollo y fabricación del motor del vehículo adquirido”, responsabilidad que cargó sobre su casa matriz. Su argumento, contemplado en instancias inferiores, no ha sido asumido por el Supremo. “Si el automóvil no reúne las características con las que fue ofertado, respecto del comprador final no existe solamente un incumplimiento del vendedor directo, sino también del fabricante que lo puso en el mercado y lo publicitó. Y el daño sufrido por el comprador se corresponde directamente con el incumplimiento atribuible al fabricante”, afirma la sentencia de la sala de lo Civil.

La sentencia ahonda en esa responsabilidad de Seat, que podría extenderse al resto de marcas integradas en Grupo Volkswagen que utilizaron los motores diésel afectados por el dieselgate: desde la propia Volkswagen, hasta Audi, Skoda o la ahora afectada Seat. El fraude afectó a hasta 11 millones de vehículos comercializados en todo el mundo.

“El fabricante del vehículo no puede ser considerado como un tercero totalmente ajeno al contrario”, airman los magistrados, que consideran que el vendedor directo no puede ser el único responsable de las características del vehículo que se comercializa. “El daño sufrido por el comprador se coresponde directamente con el incumplimiento atribuible al fabricante”, concluyen.

La indemnización, sin embargo, es muy inferior a la que demandaba inicialmente la compradora, que denunciaba “vicios de consentimiento” y reclamaba una indemnización por daños morales y materiales. En la primera demanda presentada, reclamaba 4.320 euros en concepto de indemnización por comercialización “fraudulenta y/o dolosa”, 1.460 euros para sufragar los intereses y los gastos de financiación del vehículo y otros 5.703 euros por la depreciación sufrida por el vehículo tras los cambios comprometidos por Volkwagen para que el vehículo asumiera las emisiones publicitadas.