El Estado abonará 318 millones a la concesionaria de la autopista rescatada AP-36

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha reconocido el pago de 318 millones de euros a las empresas concesionarias y a sus acreedores de la autopista AP-36 Ocaña-La Roda, que tuvo que ser rescatada por el Estado tras su quiebra en 2018.

Este es la liquidación provisional según la fórmula que el Ejecutivo diseñó para calcular la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), esto es, el importe que, por contrato, debe abonar por la inversión que realizaron en la construcción de la autopista y no dio tiempo a amortizar a las empresas concesionarias antes de que quebrara y el Estado tuviera que salir a su rescate.

Se trata de la segunda de las nueve autopistas que quebraron durante la crisis y actualmente son gestionadas por la sociedad estatal Seitsa, dependiente del Ministerio de Transportes. El cálculo efectuado para la M-12 Eje Aeropuerto de Madrid-Barajas, arrojó un importe negativo, por lo que el Estado no tendrá que pagar nada por ella, aunque el asunto deberá dirimirse finalmente en los tribunales una vez que se agote el procedimiento administrativo.

En el caso de la AP-36 Ocaña-La Roda, la fórmula del Ministerio que dirige José Luis Ábalos determina una RPA de 319,90 millones de euros, de los que 309,22 millones corresponden a las obras realizadas y los otros 24,5 millones a las expropiaciones. De esta cantidad, el Ejecutivo descuenta 11,64 millones por las inversiones que realizará en la autopista para mejorar su conservación, y otros 2,20 millones por la “minoración” de las indemnizaciones pagadas a los expropiados. Además, retiene 1,77 millones más para hacer frente a pagos de este tipo aún pendientes.

Liquidación provisional

La AP-36 es una vía de 125,7 kilómetros de longitud, alternativa a la autovía de Valencia y la de Andalucía, que fue adjudicada a un consorcio integrado por Ferrovial, Sacyr y Kutxabank en 2004, y quebró en 2014 con una deuda de 527 millones de euros.

La metodología aprobada por el Gobierno para calcular la RPA, a la que debe hacer frente por el rescate de estas vías, está recurrida por ACS, Sacyr, Iberpistas (Abertis), Bankia, Globalvía y fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas que tuvieron que ser rescatadas.

En esa metodología, el Gobierno cifraba en un máximo de 3.305 millones de euros la RPA que habrá que abonar por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción y no amortizadas con una cantidad máxima para cada vía. Para la AP-36 es de 487 millones; la R-3 y R-5 (Accesos de Madrid), 637,9 millones; la R-2 (Henarsa), 40,7 millones; la R-4, 559,6 millones; Cartagena-Vera (Aucosta), 526,8 millones; Ciralsa, 398 millones; Madrid-Toledo (AP-41), 348 millones, y para la M-12, 305 millones de euros.

Se trata de una liquidación provisional tras el inicio el 18 de febrero pasado del trámite de audiencia, ya que el expediente administrativo no se completará hasta dentro de un año., con la liquidación definitiva. No obstante, como en el caso de la M-12, todo tiene visos de acabar en los tribunales porque las exconcesionarias y los fondos de inversión que asumieron la deuda reclaman una cantidad mucho mayor que la reconocido por el Estado.