La Inspección de Trabajo abre actas a agencias que trabajan para Ryanair por “cesión ilegal” de trabajadores en la base de Girona

La Inspección de Trabajo ha abierto actas de infracción a las agencias de contratación Workforce y Crewlink al decretar que existe “cesión ilegal corroborada” de trabajadores de estas agencias a la aerolínea irlandesa Ryanair en su base de Girona. La resolución de la Inspección se basa en una denuncia interpuesta en abril de 2019 por el sindicato USO-Sector Aéreo, central que ha protagonizado las protestas y las negociaciones para evitar el cierre de la base. La Inspección da la razón al sindicato y certifica que Ryanair emplea ilegalmente como propios a trabajadores cedidos por las dos agencias de contratación.

La cesión ilegal de trabajadores que ha certificado la Inspección de Trabajo consiste en la subcontratación, por parte de Ryanair, de dos empresas externas que aportan tripulantes de cabina para que efectúen las mismas funciones que los tripulantes propios de Ryanair, aunque en peores condiciones laborales. El sindicato USO denunció en abril de 2019 esta práctica, que aseguran que se lleva a cabo desde el inicio de la actividad de la aerolínea irlandesa en España, y todavía actualmente, aunque no detalla el número de trabajadores afectados.

Casi un año después de la denuncia, la Inspección ha resuelto a favor del sindicato, después de que la policía laboral corroborase esta práctica mediante visitas al aeropuerto de Girona y escuchase las comparecencias de Ryanair y de las dos empresas externas implicadas. La resolución se circunscribe a la práctica de la cesión ilegal en Girona, aunque el sindicato también ha puesto demandas parecidas en otros aeropuertos donde opera Ryanair.

En un comunicado, USO-Sector Aéreo ha destacado que tras la resolución de la Inspección el siguiente paso será interponer una demanda en el juzgado de lo Social “para exigir que se reconozca la pertenencia de esos trabajadores a la empresa principal Ryanair”. Según la central, una sentencia favorable implicaría que los empleados recuperaran con efectos retroactivos las condiciones laborales que no tuvieron cuando estuvieron contratados en las agencias.

Esta resolución de la Inspección de Trabajo es un varapalo a la operativa de Ryanair en España, que los trabajadores han puesto en entredicho al impugnar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que planteó la aerolínea para cerrar las bases de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria. La base de Girona también debía cerrarse, pero continúa operando después de que los 120 trabajadores pactaran modificar sus contratos para convertirlos en fijos discontinuos y con reducción de jornada.