Los sindicatos reclaman limitar los precios del alquiler al 30% de los ingresos medios de los hogares

Los sindicatos mayoritarios han lanzado este lunes su propuesta para contener los precios del mercado de la vivienda. Su plan pasa por una acción inmediata que pasa por establecer a partir de qué precios se activarían los límites al alquiler y, a más largo plazo, crear un amplio parque público de vivienda para alquilar que permita controlar los precios. Para desarrollar estas políticas, UGT y CC OO proponen aumentar la partida presupuestaria que se dedica ahora: del equivalente al 0,1% del PIB al 0,3%, unos 4.000 millones, según la cuantificación que han presentado este lunes.

El mecanismo que proponen las centrales para definir cuándo una zona tensionada por los precios del alquiler consiste en dividir el territorio en secciones censales, una propuesta igual a la que maneja el Ministerio de Transportes, en la Ley de Arrendamientos Urbanos. A partir de aquí, plantean limitar el alquiler cuando los precios se sitúan entre el 25% y el 30% de los ingresos medios de las familias y ese precisamente sería el precio máximo que se establecería en la norma. Los datos a emplear procederían del INE y del índice de referencia del precio del alquiler que prepara el Gobierno.

Esa limitación de precios “será temporal y revisable anualmente”, según se puede leer en el documento sindical, “en tanto persista en una zona determinada la elevada carestía del alquiler medio en relación con el ingreso medio de los hogares”.

Viviendas desocupadas

Otro de los ejes que han puesto sobre la mesa los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, y Pepe Álvarez, es “captar viviendas desocupadas” para colocar en el mercado del alquiler. Para ello, reclaman que el Gobierno central ayude a pagar “los seguros de mantenimiento e impago que se contraten”. Además, reclaman “gravar fiscalmente” las viviendas vacías que están en zonas tensionadas y suprimir beneficios fiscales a las inversiones en ladrillo, entre otras medidas. El objetivo sería que la vivienda se convierta en un “bien de uso y deje de ser un bien de inversión”.

A largo plazo, la gran apuesta sindical es el desarrollo de un parque público de viviendas en alquiler que haga asequible la vivienda. A este eje es al que se le dedicaría casi 2.000 millones. En total, “con cifras prudentes”, UGT y CC OO han calculado que su paquete de medidas costaría 3.000 millones de euros. Y todavía faltarían otros 1.000 millones para llegar a su demanda para los Presupuestos.

“La vivienda se ha convertido en un factor de precarización de la clase trabajadora”", ha lamentado Sordo en la presentación de la propuesta. “Ha desembocado en una extracción de rentas enorme”. El líder de CC OO ha llamado la atención también sobre las consecuencias que tiene para la economía que el mercado de la vivienda canalice mucho inversión “porque tiene unas rentabilidades exageradas”. “Esta es una cuestión que viene de lejos y el Gobierno debe dar respuesta. Hay que dejar de hablar y empezar a hacer”, ha reivindicado Álvarez.