“No sabía lo que era el euríbor y mucho menos el IRPH”

Ni Inmaculada Cárdenas ni sus padres, que la avalaron, sabían lo que era el IRPH cuando firmaron la hipoteca. Tanto la banca como el millón de personas que, según cálculos de una organización de consumidores, se han visto afectadas por el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), esperan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva si esta cláusula es transparente o si tiene un carácter abusivo. Una sentencia que se espera para el primer semestre de 2020.

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Cárdenas, vigilante de seguridad de 41 años, tomó una hipoteca a 30 años en 2005. Desde entonces ha pagado una cuota mensual que variaba entre los 300 euros y los 600 euros a Caja Madrid (una de las cajas de ahorro que se integraron en la actual Bankia), por un modesto piso en Jaén, su ciudad natal. Se tasó en 90.000 euros y catorce años después aún debe al banco 70.000 euros. “Casi todo lo que he pagado son intereses”, señala.

“Se aprovecharon de que no tenía ni idea de finanzas. Yo no sabía lo que era el euríbor y mucho menos el IRPH. Nos fiamos de nuestro banco de toda la vida. Mis padres, que eran casi analfabetos, firmaron además como avalistas”, recuerda Cárdenas, a quien a los dos años se le mezcló el paro con los elevados tipos de interés. “No podía dejar de pagar porque embargaban a mis padres, así que tuve que irme a Madrid para trabajar”.

Cárdenas descubrió entonces lo que eran esas siglas, en un momento en que el precio del euríbor bajaba junto a las hipotecas que dependían de él. Pero los intereses de su contrato siempre fueron mucho mayores, a veces, incluso 200 euros más. Fue cuando empezó a hablar con abogados y a buscar por Internet, hasta que en 2009 puso una demanda con la plataforma de afectados Asufin para reclamar los sobrecostes de una casa en la que ni siquiera puede vivir.

En 2016, el juez de 1ª Instancia número 71 de Madrid le dio la razón y declaró la nulidad de la cláusula por falta de transparencia y carácter abusivo. El banco recurrió, pero Cárdenas volvió a ganar en la Audiencia Provincial. Su caso está ahora pendiente del Tribunal Supremo y de los jueces de Luxemburgo, que decidirán si el índice, pese a estar regulado por el Banco de España, puede someterse a tutela judicial. “A veces todo esto me superaba. Soy mileurista y me costó mucho reunir dinero para la demanda mientras seguía pagando un piso en el que no sé si llegaré a vivir”, lamenta.

Para Marcos Guerreiro, gallego de 39 años, la lucha contra su hipoteca ha condicionado su vida. En la cruzada contra el IRPH, el cual considera “un absoluto engaño”, visitó Ayuntamientos, se reunió con grupos políticos, apareció en televisión y organizó manifestaciones por toda Galicia. “No quiero meterme en política, solo salvar mi casa”, decide aclarar.

Este trabajador de una empresa auxiliar del astillero ferrolano, pidió un crédito a 40 años para una casa en Narón, al norte de A Coruña, hace 13 años. “El piso costaba 116.000 euros. Aún debo 113.000”, se lamenta. “Tengo dos hijas, una de 10 meses. Llevo cinco años como activista y son horas que he perdido con mi familia por esto”.

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No obstante, Guerreiro cree que la luz empieza a verse al final del túnel tras el informe que publicó el martes el abogado general del tribunal europeo y que tachó al índice de “complejo y poco transparente para el consumidor medio”. El activista, explica que “la opinión del letrado no es vinculante, pero apunta a que van a dejar la sentencia abierta para que los jueces estudien caso por caso, como debe ser”.

La comunidad de activistas, repartida por toda España, ha estrechado lazos tras años, en algunos casos décadas, de lucha. Mil kilómetros separaban a Rebeca Basoa, activista y esposa de Guerreiro, de Toñi Tirado, también afectada por el índice y residente de Arcos de la Frontera (Cádiz). Ambas posaron juntas sin ropa en una portada de Interviú en 2017 para denunciar su tipo de hipotecas. Tirado, profesora de 56 años, critica que su contrato no explicara con claridad el IRPH y en su lugar pusiera una referencia a una circular del Banco de España donde, ahí sí, se definía con más detalle. Esa práctica era bastante habitual, según muchos afectados.

Tras leer docenas de sentencias y contactar con abogados, Tirado se convirtió en una acérrima activista. No ha denunciado aún, a la espera de la sentencia europea, que sigue al detalle. “Yo he tenido suerte y he podido pagar mi hipoteca todo este tiempo”, explica, “pero ese dinero es mío y no lo han disfrutado mis tres hijos. Esto ya no es solo personal, es un tema de justicia social”.