El Banco de España dará tiempo adicional para aplicar la nueva normativa de pagos electrónicos

La nueva normativa de pagos electrónicos entrará en vigor el próximo sábado 14 de septiembre. Sin embargo, el Banco de España anunció ayer que concederá un plazo adicional a los proveedores de servicios de pago para hacer efectiva la migración hacia soluciones que permitan el cumplimiento de esta nueva legislación europea conocida como PSD2, la cual pretende aumentar la seguridad de los desembolsos y reducir el fraude.

Este reglamento exige que haya una autentificación reforzada de la identidad del cliente a la hora de pagar. Para ello, el comprador debe aportar al menos dos de tres cosas: algo que solo sepa él como un código pin; algo que lleve él como la tarjeta o el DNI, y algo que forma parte de él como la identificación táctil o facial. En el comercio tradicional, ya se pide la tarjeta y el pin. Pero hay otros negocios que pueden tener problemas. Por ejemplo, en el comercio electrónico necesitarían el uso de claves que duren muy poco y que sean proporcionadas por el móvil en el momento del abono para cumplir con esta doble identificación.

La nueva regulación también permite que el cliente autorice a un tercero ajeno al banco acceso a sus datos bancarios, un hito que abre el mercado de crédito más a la competencia al poder tener otras entidades o fintech acceso a información de clientes de competidores.

Según adelantó ya el diario Cinco Días, el Banco de España ha concedido esta prórroga ante las peticiones de diversos sectores reclamando más tiempo para adaptarse, entre ellos asociaciones de comercio y consumidores, hoteleros y plataformas de pago como MasterCard, Visa y American Express. La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) reconoce que la implantación es compleja y que para evitar consecuencias negativas para los usuarios puede concederse de manera excepcional un tiempo adicional limitado.

Así que el Banco de España se acoge a eso para brindar una moratoria igual que se ha hecho en otros países europeos. La idea del supervisor español es coordinarse con la EBA y otros Estados para concretar el periodo. El Banco de España trabajará con los proveedores y el resto de partes interesadas para revisar los planes de migración con urgencia. Los afectados piden una prórroga de 14 meses, si bien en otros países se ha dado hasta 18 meses.