El riesgo de volver a la pesadilla de las cláusulas suelo

La Corte de Justicia trae pesadillas a los banqueros españoles y este martes no ha sido una excepción. Un abogado general de la Unión Europea (UE) ha considerado que los jueces españoles pueden controlar si el uso del índice hipotecario (IRPH) fue abusivo, lo que abre la puerta a anularlo si hubo falta de transparencia en alguna de las cerca de un millón de hipotecas españolas que lo usan.

El letrado toma así una posición favorable a los intereses de los afectados por el índice, que alegan que este se comercializó con poca transparencia y encareció sus hipotecas en una media de 25.000 euros en comparación con lo que hubieran pagado de utilizar el euríbor, el más común.

En cuanto a número de afectados, este caso es más pequeño que el de las cláusulas suelo, alrededor de una cuarta parte, pero tiene un volumen suficiente para convertirse en una pesadilla para las entidades y sería un nuevo golpe a su ya maltrecha reputación. Si finalmente el Tribunal de la UE se reafirma en que se ha podido comercializar sin suficiente transparencia y que el IRPH "es una fórmula matemática compleja y poco transparente" para el consumidor medio, deberían ser los tribunales los que determinen su nulidad o no.

En el pasado, los bancos alargaron su agonía defendiendo (inútilmente en la mayoría de los casos) su buen hacer en las cláusulas suelo al pleitear cliente a cliente, soportando un problema de imagen y un relevante coste económico por las costas judiciales. Además, colapsaron los tribunales. Esta situación cambió cuando, en 2017, el Gobierno estableció un mecanismo extrajudicial para acabar con las cláusulas suelo mal comercializadas y creó una Comisión de seguimiento, control y evaluación de estas reclamaciones. El organismo no ha sido una solución total al problema, (los juzgados especializados recibieron 247.000 demandas), pero alivió el problema favoreciendo los acuerdos sin costas judiciales.

Algunos expertos jurídicos consultados, como Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho Bancario de la Universidad Carlos III de Madrid y abogado, creen que el Gobierno debería utilizar su posibilidad legal en el real decreto de 2017 para las cláusulas suelo y ampliarlo al caso del IRPH si la sentencia europea va en línea con el abogado. "La banca no aguantará una nueva guerra contra su reputación y debe aprender de los errores del pasado", apunta Zunzunegui.

Fuentes cercanas al supervisor aseguran que los bancos tienen fortaleza financiera para asumir los costes de un cambio de índice o su nulidad. Desde los bancos se apela a que este procedimiento no ha hecho más que empezar y que podrían recurrir, nuevamente, hasta el Tribunal Supremo, con sus argumentos. No obstante, algunos, quizá los más avezados, ya han empezado a renegociar individualmente con los clientes para cambiar el IRPH por un tipo fijo o por el euríbor. Las asociaciones de consumidores desaconsejan acceder a acuerdos que impidan reclamaciones futuras, pero parte del sector ya se está moviendo.

Quizá estas astutas entidades son conscientes de que los tiempos han cambiado. La diferencia con el pasado es que desde la crisis de 2008 ha llovido demasiado sobre el prestigio de la banca y, además, ahora existe una robusta industria de asociaciones y despachos de abogados que se ocupan de cientos de miles de reclamaciones de los clientes. Las posibilidades de éxito, si llegara una sentencia dura de Luxemburgo, serán escasas para el sector. Debería medir bien sus fuerzas y realizar un análisis realista de todos los costes antes de iniciar otra batalla que pueda acrecentar su deteriorada imagen ante la sociedad. Aunque los departamentos jurídicos recomienden otros caminos...