El trasfondo social del Brexit

La tremenda crisis en que está inmerso el Reino Unido a raíz de su decisión de abandonar Europa no es ajena a una ruptura más profunda que está sufriendo la sociedad británica. Una rotura que se refleja en una elevada e insostenible desigualdad. Las imágenes que hemos visto en las películas de Ken Loach, que visualizan el deterioro social de las clases trabajadoras, es confirmada por Eurostat, que constata la existencia de más de 14 millones de personas en riesgo de pobreza.

Lo cierto es que el Reino Unido se ha convertido en uno de los países democráticos más desiguales del mundo. En Europa pertenece al grupo de los más desiguales junto a España, Portugal, Grecia e Italia, según el trabajo del profesor Eduardo Bandrés Mariné, en Cuadernos de Información Económica. Desde los años 80 la economía británica sólo ha funcionado bien para los más ricos, que han sido los beneficiarios del crecimiento de manera exagerada.

Ante una población cada vez más desilusionada, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn ha elaborado una agenda económica con el objetivo prioritario de revertir la desigualdad incluyendo medidas concretas que persiguen una redistribución de la riqueza. El programa diseñado por el canciller en la sombra John McDonnell incluye la nacionalización de las empresas de ferrocarriles, distribución de agua, correos y electricidad y aumento de impuestos a los ricos. Una de las propuestas más emblemáticas es la transferencia del 10% de las acciones de las grandes empresas a los empleados. Los trabajadores podrán recibir hasta 500 libras anuales de dividendos por las acciones recibidas. También se prevé la construcción de un millón de viviendas sociales, un incremento sustancial del salario mínimo y la semana laboral de cuatro días.

Son propuestas radicales que suponen un cambio profundo del capitalismo británico. Lo notable es que no se trata de un discurso retórico contra la desigualdad sino de medidas concretas. Y más relevante aún es que no es el programa de un partido marginal, sino de uno que tiene posibilidades de Gobierno.

La agenda laborista ha provocado un fuerte debate político. Un trabajo elaborado por Financial Times y Clifford Chance estima que la transferencia de acciones puede suponer un coste de 331.000 millones de euros a las 7.000 empresas afectadas. No obstante, la iniciativa laboralista ha recibido el contundente apoyo de 80 destacados académicos, entre los que figuran, David Blanchflower, Dani Rodrik, Thomas Piketty, Mariana Mazzucato y Stephany Griffit-Jones. El periódico británico ha publicado una carta de estos economistas en la que recuerdan que el modelo económico del Reino Unido ha fracasado y abogan por la participación de los trabajadores en la riqueza que ellos crean.

La respuesta a la desigualdad está entrando en la etapa de hechos. En Estados Unidos los empresarios ya se han dado cuenta de que el actual capitalismo no es aceptable. En España la desigualdad golpea a los más pobres, como ha señalado el profesor Bandrés. Seguir sin Gobierno en estas circunstancias es especialmente irresponsable.