La CNMC expedienta a 13 constructoras por amañar contratos de Fomento
Las empresas se repartían los servicios de conservación de carreteras
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a trece empresas, las seis grandes constructoras cotizadas (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) y otras siete compañías, por supuestamente formar un cartel que se repartía obras de conservación de carreteras del Ministerio de Fomento. Además de las seis cotizadas y sus respectivas filiales de mantenimiento, incluye a Aceinsa Movilidad, Alvac, Elecnor y su filial Audeca, Elsamex, Copcisa y su filial Innovia Coptalia, Señalizaciones Villar y Copasa.
Las filiales de algunas de estas compañías fueron multadas en marzo con 118 millones por el regulador por participar también en un cártel que en aquel caso se repartió obras de electrificación del AVE. En este caso, la CNMC incoa el expediente al detectar posibles prácticas restrictivas de la competencia que consistirían en formar un cártel para repartirse contratos de conservación de carreteras licitados por el Ministerio de Fomento.
Sobre la base de la información recabada, la CNMC decidió incoar un expediente sancionador y el organismo contará con un plazo de 18 meses para la instrucción y resolución del expediente.
En el marco de la esta investigación, efectivos de la comisión realizaron registros en las sedes de algunas de estas firmas entre el 17 y el 20 de diciembre de 2018. En concreto, inspeccionaron las instalaciones de Elsamex, Ferrovial Servicios y su filial Ferroser, de Aceinsa Movilidad y de Audeca.
La CNMC indica que a partir de toda la información recabada ha decidido abrir el expediente sancionador, con el que se inicia un periodo máximo de 18 meses para su resolución. En un comunicado, el 'superregulador' recuerda que la incoación de un expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.
No obstante, remarca que la lucha contra los cárteles constituye uno de los objetivos prioritarios de su actuación, dada la "especial gravedad" que sus consecuencias tienen sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.
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