El crecimiento, en el punto de mira de la OCDE

Recientemente, la OCDE ha publicado el informe Going for Growth 2019, donde ofrece recomendaciones para alcanzar un crecimiento económico sostenible, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. El informe aconseja mejorar el acceso a los mercados, potenciar las políticas educativas y la formación profesional así como estructurar un sistema impositivo y un mercado laboral más inclusivos que favorezcan la movilidad social. La desigualdad económica es otro de los aspectos identificados como mejorables, pero con un importante matiz: sus recomendaciones se dirigen específicamente a la igualación de oportunidades. Esta identificación, “igualdad de oportunidades-crecimiento económico sostenible”, es, a nuestro entender, uno de los aspectos más robustos del informe. De hecho, la OCDE reconoce que, en países como España, la mejor forma de disminuir la desigualdad económica es mejorando las oportunidades laborales. Es decir, reduciendo el desempleo e incrementando la productividad del trabajo, única forma viable para conseguir mayores salarios reales. Como medidas de mejora del capital humano se propone aumentar la calidad y especialización de la enseñanza universitaria así como potenciar la formación profesional dual, involucrando más a los empleadores en el proceso formativo y en el diseño de los currículos. En el ámbito laboral también preocupa su dualización, sugiriéndose aproximar los costes de despido de contratos permanentes y temporales.

El informe presta especial atención a los problemas del actual diseño del sistema impositivo, recomendando reformas procrecimiento. Se insiste en una receta ampliamente recomendada desde hace años por la comunidad científica: cambiar el tax mix existente, desplazando carga fiscal desde impuestos que recaen sobre rentas y beneficios hacia otros impuestos menos distorsionantes, como los que gravan el consumo, la propiedad inmobiliaria o la emisión de contaminantes. Es decir, menos IRPF, menos impuesto de sociedades y más IVA e impuestos especiales. España, a pesar del consenso que existe entre los expertos a este respecto, no parece captar el mensaje. Un escollo es la amplia y subjetiva percepción social que existe sobre la equidad vertical del IVA, estando muy asentada la idea de que los impuestos sobre el consumo son fuertemente regresivos. Es decir, se asume como incuestionable que en términos relativos los hogares con menor capacidad económica soportan mayor carga de IVA. Sin embargo, el análisis económico riguroso demuestra que el IVA en España es progresivo. El porqué es sencillo: las rentas bajas consumen una mayor proporción de bienes a tipos reducidos que los hogares más pudientes, que gastan más en bienes y servicios gravados a tipos más altos. Precisamente, siguiendo esta línea de razonamiento, el informe propone para España abolir los tipos reducidos de los bienes o servicios consumidos más intensamente por las rentas altas, lo que exigiría, por ejemplo, revertir la reducción del IVA cultural —cine y otros espectáculos en directo—, que se produjo en España en 2017 y 2018. Por razones medioambientales, también se propone a España incrementar los impuestos especiales sobre los carburantes que emiten CO2 y otros contaminantes.

Asimismo, es especialmente oportuna la llamada de atención sobre los efectos desincentivos que, sobre oferta y demanda laboral, tienen los altos tipos marginales del IRPF. Especialmente cuando, como sucede en España, las cotizaciones a la Seguridad Social son elevadas. El informe propone reducir las cotizaciones del empleador, al menos para los trabajadores peor retribuidos, como vía para incentivar la contratación de jóvenes y/o trabajadores poco cualificados. Siguiendo con el IRPF, se sugiere la necesidad de ampliar la definición de base imponible, eliminando deducciones y exenciones. Sin embargo, pasa inadvertido uno de los problemas más importantes que, desde hace lustros, sufre el IRPF español: el persistente y sigiloso deterioro de la generalidad con que se aplica el impuesto. En España, el IRPF es un impuesto que paga una reducida proporción de la población. Anualmente se presentan en torno a 20 millones de declaraciones. Pero de ellas, alrededor de ocho millones no pagan un solo céntimo. A los que hay que añadir más de tres millones de contribuyentes que son eximidos de la obligación de presentar declaración soportando, en el mejor de los casos, una mínima retención. Esta falta de generalidad en la aplicación del IRPF daña tanto su capacidad recaudatoria como la justicia con que se distribuye la carga fiscal, convirtiéndose de facto en un impuesto sobre la clase media.

José Félix Sanz (UCM) y Desiderio Romero (URJC) son miembros del Observatorio Funcas de Economía Pública (OFEP).