Energía: el cambio más radical del último siglo

El sector energético vive el momento de transformación más importante del último siglo. Un cambio radical en el que por primera vez se han alineado la concienciación social, la decisión política, la tecnología y las señales económicas, explicaba Manuel García Hernández, subdirector general de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica, en un encuentro organizado esta semana por EL PAÍS y patrocinado por Acciona bajo el título La comercialización de la energía renovable. “Estamos empezando una rampa de disrupción que probablemente cambie el paradigma energético en los próximos lustros, décadas. Todo pasa por descarbonizar la economía, y para ello lo que hay que hacer es electrificarla y hacer la electricidad renovable”, añadía.

García Hernández anunció que durante este año verán la luz la ley de cambio climático y el plan energético nacional (PNIEC), cuyo objetivo es que el consumo final de energía renovable pase del 24% actual al 27% en 2030 y que, en la generación eléctrica, la tecnología verde represente el 74% en lugar del 40%. Un reto que para Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, es absolutamente inaceptable. “Nosotros proponemos que el consumo renovable se incremente al 50% en 2030. Hemos de reconocer que España ha perdido 10 años porque el objetivo fijado para 2030 es el que Bruselas estableció para 2020”, argumentó. Para garantizar la meta del 74%, Ferrando reclamó que todas las personas sujetas a la tarifa eléctrica regulada (PVPC) tengan suministro verde y que la Administración pública consuma energía de origen renovable, como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid.

Peticiones

También el director de gestión de la energía de Acciona, Santiago Gómez Ramos, aprovechó el encuentro para realizar sus solicitudes al Ministerio: “Como generador y vendedor de energía renovable, pedimos a la Administración que se dote de mayor credibilidad al sistema de garantías de origen y certificación de esta energía. Tener un sistema claro y transparente es esencial”, dijo. A lo que García Hernández respondió que el mecanismo español no es lo suficientemente sofisticado y que hay camino regulatorio por andar.

Ferrando aludió al consumo responsable y dijo que, para fomentarlo, “llevamos años pidiendo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (­CNMC) y al Gobierno que actúen de oficio denunciando muchas de las tarifas comerciales que anuncian que se elijan las horas en las que se va a consumir a coste cero o los días en que se quiere electricidad más barata o tarifas planas. Son una forma de derrochar y de fomentar el derroche de un bien de primera necesidad que es escaso. No podemos tolerarlo en plena lucha contra el cambio climático”, enfatizó.

Para Santiago Gómez, las ofertas agresivas son fruto de la confusión del consumidor ante una factura imposible de entender y comprobar. “El legislador tiene que establecer una factura más transparente”, defendió.

“Uno de los grandes problemas del sector eléctrico”, reconoció el subdirector de Energía Eléctrica, “son los costes hundidos que tenemos, unos costes fijos asumidos política y regulatoriamente entre todos y que tenemos que pagar. Sacarlos de la factura eléctrica permitiría que las señales de transición energética fueran más nítidas, pero las redes construidas hay que pagarlas, la deuda de 3.000 millones de euros que se ha generado”.

El Ministerio anunció cambios en la tarifa para el año que viene y los anticipó también para el sector energético: “Estamos pasando de un modelo de mercado eléctrico en el que había que pagar las renovables porque no eran competitivas y las energías convencionales se regían por el mercado, al mundo contrario, donde a las convencionales no les llegan los números”, dijo. “Hay que reformar el sistema eléctrico”, agregó Ferrando, quien hizo hincapié en la concentración del 88% de la energía vendida por cinco compañías. “Cada año cambian de suministradora 2,5 millones de usuarios, pero el 90% de ese cambio va a las mismas cinco de siempre”.

El sector está convencido de que en esta transición energética el consumidor va a poder asumir un papel más activo. El mismo que Juan Casals, global head sustainable finance & reputational risk de BBVA C&IB, cree que debe contraer el Gobierno de España, a quien ha pedido que emita un bono verde, como ha hecho Francia. “Sería una señal fantástica para el conjunto de la sociedad, para el mercado y los inversores del compromiso con una economía baja en carbono”, dijo.