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El presupuesto en vivienda de las comunidades retrocede un 36% en la última década

Todas las autonomías salvo Murcia y Cantabria destinaron menos gasto en 2018 que diez años atrás

Edificios de viviendas en Ibiza.
Edificios de viviendas en Ibiza.

Encontrar un sitio donde vivir es cada vez más complicado para muchos ciudadanos, pero esa preocupación no acaba de materializarse en los presupuestos de las administraciones públicas. La partida destinada a vivienda por las diferentes comunidades autónomas, que tienen esa competencia transferida, se ha reducido un 35,9% entre 2008 y 2018, según los datos remitidos al Ministerio de Hacienda. Un informe del Observatorio Vasco de la Vivienda señala la “gran merma en los recursos públicos destinados a la política de vivienda”.

Aunque los datos no contemplan el total de inversión autonómica en vivienda, puesto que faltarían partidas destinadas a empresas públicas u otros organismos con los que las comunidades desarrollan sus políticas, permiten hacer una comparación homogénea entre lo que pasaba antes y después de la crisis. Y la primera conclusión es que el gasto previsto en el capítulo de Acceso a la vivienda y fomento de la edificación ha pasado de superar los 2.535 millones de euros en 2008 a poco más de 1.626 el año pasado.

En el análisis del observatorio del Gobierno Vasco, que solo contempla datos hasta 2017, se vincula ese descenso presupuestario con el desplome de la promoción de vivienda protegida. En toda España se hicieron el año pasado 5.167 unidades, frente a las 68.587 de 2008, según el Ministerio de Fomento, aunque por primera vez en una década se levantaran más casas protegidas que en el año anterior.

El presupuesto en vivienda de las comunidades retrocede un 36% en la última década

De vuelta a las partidas autonómicas, todos los territorios salvo dos presentan una evolución negativa a once años vista. El dinero presupuestado ha subido con fuerza desde 2008 en Murcia (49,1%) y levemente en Cantabria (3,6%). En otras tres comunidades los descensos son prácticamente planos, como en Madrid y Canarias, o inferiores al 15%, como en Baleares.

En Comunidad Valenciana, Aragón y País Vasco la caída supera el 30%, pero queda todavía por debajo de la media nacional. Esta es rebasada por tanto por nueve comunidades, con Navarra en cabeza (-74,4%).

Gasto por habitante

Sin embargo, la comunidad foral, una de las más activas en políticas de vivienda y la única que superaba el 1% de inversión en relación con el PIB antes de la crisis, sigue liderando esa estadística. Los casi 62 millones de euros que presupuestó en 2018 Navarra para vivienda representan un 0,30% de su producto interior bruto, solo Extremadura (0,26%) es capaz de aproximarse a ese porcentaje. En el extremo opuesto de la clasificación aparecen Baleares y Cataluña, cuyas partidas solo representan un 0,08% de su PIB.

En cuanto al gasto total por habitante, nuevamente Navarra aparece en primera posición. Los 95,53 euros por habitante de su presupuesto en vivienda la destacan mucho de las demás. En segunda posición aparece el País Vasco, con 62,15 euros. La Comunidad Valenciana, con 19,82 euros, ocupa el último puesto en gasto por habitante.

Mientras se retraía el presupuesto de las autonomías, el de los Ayuntamientos se mantuvo más estable. Según el estudio del Observatorio Vasco de la Vivienda, titulado Gasto e inversión de las entidades locales y CC AA en política de vivienda en España, el dinero dedicado en conjunto por los entes municipales de toda España pasó de 419 millones en 2010 (el primer año para el que ofrece datos ese estudio) a 439 millones en 2017. Las variaciones en este caso parecen menos vinculadas al ciclo económico, ya que mientras que en 2015 el dinero presupuestado bajó hasta 331 millones, solo un año después superaba los 509.

Eso supuso que en 2016 un 28,1% del gasto agregado en vivienda proviniese del esfuerzo de los Ayuntamientos, frente a un 71,9% de las comunidades, principales artífices de las políticas de vivienda. El porcentaje autonómico subió hasta el 78,8% en 2017, pero queda lejos de lo que sucedía en el arranque de la década, cuando superaba ampliamente cuatro quintas partes.

Recuperación "insuficiente"

Pero además del gasto autonómico y municipal, el estudio del organismo dependiente del departamento vasco de Vivienda, que dirige el socialista Iñaki Arriola, también contempla el gasto fiscal. Puesto que muchas comunidades eliminaron deducciones por compra y alquiler con la crisis, en esta variable que analiza el dinero que cuestan las exenciones de impuestos para la compra y alquiler de vivienda se destacan claramente las dos comunidades con fiscalidad propia, Navarra y País Vasco. Esta última, con 379 millones de gasto fiscal en 2016 (el último ejercicio analizado) supera a los territorios más poblados.

“La capacidad de actuación en política de vivienda de los Ayuntamientos y los Gobiernos autonómicos del Estado ha sufrido desde la recesión de 2008 una merma muy considerable de la que no se han repuesto”, señala en una de sus conclusiones el observatorio autonómico.

Así, la mejora a partir de 2015 ha sido “claramente insuficiente para comenzar a revertir el retraso acumulado en los años de la recesión”, según el estudio, que también denuncia que persisten las dificultades “para dar una respuesta consistente y sostenida en el tiempo a las necesidades de los colectivos y grupos de población que han sido más golpeados por la crisis financiera e inmobiliaria”.

La partida estatal también disminuye

También la parte estatal de los presupuestos destinada a políticas de vivienda ha sufrido una debacle en los últimos años. Las políticas de austeridad tras la crisis llevaron a eliminar ayudas y a reducir la actividad promotora del Estado.

En ese sentido, el Presupuesto de 2018 recogía poco más de una cuarta parte de lo que se destinaba en 2009 a políticas estatales de vivienda. De 1.616 millones de euros en aquel primer año tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se pasó a 481 millones, apenas siete millones más que en 2017, el ejercicio en el que se tocó fondo.

Con la llegada del PSOE al Gobierno se intentó revertir la situación. El proyecto de 2019 contemplaba 679 millones, un 41% más que el último presupuesto de Rajoy, pero fue tumbado por el Congreso, forzando las elecciones del pasado 28-A

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