1.200 gasolineras cierran en Portugal por falta de combustible ante la huelga de transportistas

Un total de 1.200 gasolineras, cerca del 40%, del total de Portugal, han tenido que cerrar por falta de gasóleo o tinen muchas dificultades de abastecimiento. La alerta energética decretada por el Gobierno portugués en la noche del martes por la huelga de conductores de sustancias peligrosas ha conseguido asegurar el suministro en aeropuertos y hospitales, pero se resienten otros servicios públicos, mientras los automovilistas sufren las consecuencias. Bomberos y militares han sido movilizados para conducir camiones cisterna para cubrir los servicios públicos.

En la ciudad de Castelo Branco, apenas una gasolinera se encuentra abierta. Los taxistas piden una solución urgente porque ya no tienen combustible, grúas y servicios de asistencia en carretera también tienen dificultades. En Lisboa solo siete gasolineras fueron reabastecidas ayer.

La red de estaciones Galp —la principal del país— pide a la clientela que ahorre y el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, exigió “resolver la cuestión de fondo”, que ya es antigua, porque los servicios mínimos no resuelven los problemas del ciudadano común.

Aviones a Sevilla

Dieciséis aviones aparcados en Faro fueron a abastecerse al aeropuerto de Sevilla. La Entidad Nacional para el Sector Energético advierte de una situación crítica si no se restituye el servicio. Distribuidores farmacéuticos piden prioridad en el repostaje para cumplir con los servicios urgentes. La red de autobuses del sur del Tajo ha retirado autobuses de línea ante las escasas reservas de gasóleo, el combustible más afectado por la huelga.

Según la Asociación Nacional de Revendedores de Combustible (ANREC) el 40% de la red de gasolineras estaban inactivos en la mañana del miércoles y la situación se agravó durante el día. En total son 1.200 puestos en dificultades de una red nacional de 3.068.

El sindicato de conductores de sustancias peligrosas exige a la patronal el reconocimiento de una categoría profesional superior y, con ello, un aumento salarial.

El primer ministro, António Costa, dijo que la alerta decretada por el Gobierno puede alargarse más allá de las 24 horas del día 21, aunque se trata de un asunto entre empresas privadas. En la comparecencia en el Parlamento, la oposición le reprochó la tardía reacción del Ejecutivo ante un conflicto anunciado hace meses.