Ribera pidió a Cañete protección de la UE para el sector eléctrico frente a Marruecos

Desde finales del pasado año, España ha comenzado a importar energía eléctrica desde Marruecos, cambiando la tendencia tradicional. Esta circunstancia no tendría ninguna trascendencia si no fuera por el hecho de que esa energía está producida en dos plantas de carbón que emiten CO₂, lo que ha originado un conflicto que obliga a la Comisión Europea a intervenir y que, al mismo tiempo, ha sido aprovechado por la oposición para atacar al Gobierno, al que acusan de permitir la importación de energía sucia mientras obliga a cerrar las minas de carbón y las centrales alimentadas con este combustible fósil en España. La alarma se ha disparado en las comarcas mineras afectadas por el cierre tras la publicación del conflicto por parte de El Periódico de la Energía.

Sin embargo, se da la circunstancia de que ya el pasado 19 de febrero la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, envió una carta al comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, en la que le advierte de la desventaja que supone para las eléctricas españolas la importación de energía más barata y le pide que arbitre “algún mecanismo para la protección de la libre competencia y la preservación del medio ambiente”.

“A raíz de la entrada en funcionamiento de plantas de generación eléctrica a partir de carbón en Marruecos, las plantas españolas que queman combustible fósil se encuentran en una situación de posible desventaja en su competitividad ya que deben soportar los costes de emisiones de CO₂ frente al precio cobrado por instalaciones extracomunitarias que no internalizan el coste de CO₂”, sostiene la ministra, que ruega al comisario que haga llegar su opinión. Según fuentes ministeriales, esa opinión todavía no se ha recibido oficialmente, aunque el comisario está al tanto de la cuestión.

Previamente, el 13 de febrero, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, había enviado otra carta al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, en la que solicita un informe sobre “los posibles efectos” de un tercer enlace de corriente alterna entre España y Marruecos. El ministerio se interesa sobre la repercusión en “el precio del mercado ibérico de la energía, los costes regulados y peajes, las necesidades de inversión en refuerzo, los mecanismos de gestión de la interconexión, las emisiones de CO₂ y el efecto sobre la competencia en generación eléctrica entre los dos países”.

Las fuentes ministeriales han informado que la consulta responde a que el tercer cable submarino debe estar en condiciones igualatorias y que, en el momento en que hay distorsión, se tiene que denunciar. Fuentes de Competencia han manifestado que es un tema en el que no tienen potestad para intervenir, aunque, en todo caso, han consultado a Bruselas. Esas fuentes recuerdan que esa situación se repite en el este de Europa.

Las dos plantas marroquíes entraron en funcionamiento en 2018. La ventaja competitiva para Marruecos radica, además de vender más barato al mercado mayorista español (pool), en que no tiene que hacer frente a los costes de emisiones, al no ser estar adscrito al sistema de derechos de emisiones europeo, pese a ser un país con relación preferente con la UE.