La TDT prepara una nueva mudanza

La televisión digital terrestre (TDT) prepara una nueva mudanza. Antes de junio de 2020 los canales tendrán que haber abandonado sus actuales frecuencias, que serán destinadas a servicios avanzados de movilidad, y un año después deberán emitir en alta definición, un sistema que mejora la calidad de la imagen y el sonido. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido que todo este proceso se planifique con antelación suficiente, se evite discriminar a las plataformas que difunden las señales (entre ellas el satélite) y se conozca cuanto antes cómo se van a financiar los costes de reubicación de canales. El Gobierno calcula que las ayudas para ejecutar el traslado rondarán los 170 millones de euros.

La liberalización de las frecuencias situadas en la banda de 700 MHz —lo que se conoce como segundo dividendo digital— está en marcha. El Ministerio de Economía y Empresa ha consultado a los sectores afectados para saber si se va a llegar a tiempo. La fecha prevista para que la TDT abandone los canales actuales ha sido fijada por las instituciones europeas, ya que el cambio de frecuencias es una acción coordinada de toda la UE. Los pasos para abordar este proceso se detallan en el proyecto de real decreto del nuevo Plan Técnico Nacional, que ha sido sometido a consulta pública.

En su informe, la CNMC considera que el texto, regula “aspectos clave” para el futuro de la televisión digital terrestre, que acapara en España una cuota de pantalla del 76%, y señala que cada múltiple digital podrá albergar cuatro canales de alta definición, una tecnología obligatoria en 2023.

Durante un tiempo, los canales podrán emitir en simulcast (en la antigua y la nueva banda, simultáneamente) hasta que se asienten definitivamente en su nueva banda de frecuencias, donde estarán al menos hasta 2030. La CNMC considera fundamental que se planifique “con antelación suficiente” el proceso de liberalización y apela al consenso entre las entidades implicadas: Administración, operadores y licenciatarios.

En la consulta pública, el Gobierno ha preguntado si hay que otorgar compensaciones para llevar a cabo este cambio, teniendo en cuenta la normativa comunitaria de ayudas de Estado y el principio de neutralidad tecnológica. Competencia expone que habida cuenta de la experiencia adquirida en esta materia con el primer dividendo digital (que culminó en 2015), es relevante conocer “lo antes posible” cómo se van a financiar los costes de reubicación de los distintos operadores públicos y privados, y qué medidas de compensación se están planificando “para poder valorar de forma global los cambios regulatorios y las implicaciones que desde la óptica de ayudas de Estado deben tenerse presentes”.

El Gobierno calcula que las ayudas para abordar el segundo dividendo digital rondarán los 172 millones de euros. De esta cantidad, alrededor de 150 millones irán destinados a las comunidades de vecinos para las tareas de reantenización, que afectarán a unos 850.000 ciudadanos. El resto irá a cubrir los costes de los radiodifusores para las emisiones en simulcast.

En el primer dividendo digital se autorizaron subvenciones a los usuarios finales siempre y cuando fueran neutrales tecnológicamente y se dieron fondos a las televisiones públicas para emitir en simulcast. Para llevar la señal a las zonas con dificultades orográficas se concedieron ayudas que posteriormente fueron consideradas ilegales por el Tribunal de Luxemburgo por no ser neutrales. Mientras que el fallo sobre los fondos otorgadas por Castilla-La Mancha (46 millones de euros) es definitivo, la Comisión Europea tiene pendiente de motivar una nueva decisión sobre el resto de España (260 millones).

La sociedad de satélites SES Astra, que impugnó las ayudas, considera que en este segundo dividendo digital las comunidades autónomas deben especificar con precisión el ámbito de cobertura televisiva. “De lo contrario, las licitaciones para las zonas de extensión estarían condicionadas por los propios radiodifusores y por tanto no sería neutral”. Para llevar a cabo estos concurso, la compañía sostiene que “las condiciones de contraprestación económica del servicio por parte de las entidades habilitadas deben ser las mismas para cualquier tecnología elegida por parte de las comunidades”. Este aspecto es “necesario para cumplir la condición de neutralidad tecnológica", precisa.

Algunos de los concursos convocados para llevar la TDT a zonas poco pobladas están envueltos en la polémica. En Navarra ganó la licitación SES Astra, pero esta compañía asegura que los grandes operadores de televisión (Mediaset y Atresmedia) se han negado a facilitar la señal al operador europeo de satélites. En Andalucía se partió el concurso y se eternizó, y en Canarias se abrió un “diálogo competitivo” para conocer cuál era la mejor oferta, pero en las bases ya se especifica que los dos gigantes audiovisuales se colocan al margen. “¿Si los radiodifusores no dan la señal, qué tipo de neutralidad es esa?”, se pregunta la compañía.

Para “evitar que se discrimine” a las plataformas de difusión distintas de la TDT (como por ejemplo, los satélites), Competencia propone que se modifiquen las condiciones que deben cumplir las iniciativas públicas para llevar la señal a las zonas remotas. La ley exige una cobertura mínima del 98% de la población para los canales públicos y del 96% para los privados. Llegar casi al 100% exigiría multiplicar el número de postes, de ahí que el satélite sea considerado una alternativa más económica.

El nuevo plan técnico afecta también a los televisores. Todos los aparatos receptores que se adquieran seis meses después de la implantación de esta normativa deberán incorporar un sintonizador para alta definición. En la pantalla, las emisiones llevarán el distintivo HD (alta definición) o UHD (ultra alta definición) para identificar las características técnicas de los programas.

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España confía en que la mudanza de canales, que en muchos casos exigirá acondicionar las antenas, se aborde del mismo modo que en el primer dividendo digital. El organismo se ha comprometido a trabajar para informar sobre la adaptación de las instalaciones y garantizar "que la transición se desarrolle de manera ordenada".