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ANÁLISIS i

La elección de altos cargos

Con la designación de personas afines, la política persigue intereses de partido en lugar del bien común

La elección de altos cargos

En los Estados modernos hay un buen número de autoridades cuya dirección debe ser independiente de cualquier poder y tener excelente capacidad técnica. Es bastante habitual que los partidos políticos decidan la elección de los altos cargos de esas instituciones. Este enfoque sería adecuado si los partidos eligieran con criterios de mérito e independencia personal, y además se cumplieran las normas requeridas sobre incompatibilidades, duración del cargo e inamovilidad, nuevos mandatos, etcétera.

Sin embargo, esta forma de proceder plantea dos riesgos si los partidos atienden a sus propios intereses en lugar de buscar la elección de los mejores para responsabilizarse de esos órganos. En primer lugar, pueden preferir ocupar los altos cargos del Estado situando en estos a personas afines. El segundo riesgo es que los partidos amplían así su poder, cuando con estas instituciones se intenta contrarrestar el mismo. La política en lugar de dirigirse hacia el bien común persigue intereses de partido. Existen fundadas sospechas de que los riesgos apuntados se han manifestado en España.

En este terreno la solución no radica en las buenas intenciones, sino en despolitizar la elección vía la admisión del azar por parte de los partidos como incentivo para alterar su comportamiento actual (aunque seguirían teniendo la última palabra). Es también claro que los políticos no querrán perder espacios de poder y alejarse de muchos puestos donde colocar a su “clientela” de partido.

No obstante, la regeneración política hoy reclamada, la mayor competencia entre los partidos por el voto ciudadano, la considerable dificultad de alcanzar pactos para la renovación de quienes gobiernan las altas instituciones y la presión decidida de la sociedad civil, son razones para tener bastante optimismo en el logro de una transformación del comportamiento partidista seguido en todo este ámbito. Los partidos serían importantes beneficiarios de ese cambio, como el resto de la sociedad, a pesar de ceder poder.

El argumento esencial es que el azar promueve honestidad e imparcialidad, ya que lo aleatorio rompe el incentivo de seguir políticas oportunistas, pues lo fortuito elimina saber con certeza quién obtendrá algo. Resulta ser la mejor manera de entorpecer la utilización del poder de los partidos para colocar a sus favoritos en los altos cargos del Estado.

La propuesta innovadora de “cargos con azar” es sencilla. El proceso comenzaría con un concurso público en el que se aceptan o rechazan candidatos de acuerdo con la regulación de la convocatoria. En la segunda fase actúa una Comisión de Evaluación creada con intervención del azar. La introducción de la aleatoriedad en la formación de la Comisión induce a mayor honestidad y dificulta conductas oportunistas y partidistas.

En la propuesta de cargos “con azar”, la Comisión de Evaluación de, por ejemplo, cinco miembros se forma por sorteo entre, digamos, 30 nombres de expertos aportados por los partidos con representación parlamentaria y otras organizaciones. Las cifras señaladas pueden tomarse como indicativas, pero son perfectamente razonables y están bien estudiadas, estadísticamente, para lograr un punto crucial de la propuesta.

Este punto se basa en que quienes aportan los nombres entre los que se ha de sortear la Comisión evaluadora, lo hagan con un número máximo por entidad que totalice un tamaño determinado del grupo sometido al sorteo del que se obtienen los evaluadores. La lógica de este requisito es que nadie que aporte nombres pueda contar con una probabilidad suficientemente alta de controlar, tras el sorteo, a la Comisión, incluso en el caso de alianzas políticas.

Si, por ejemplo, el grupo a sortear es de 30 personas y cada uno de los, por ejemplo, cuatro grupos parlamentarios con más votos propone a un máximo de tres, contarán con una probabilidad del 36,95% o del 6,15% de tener en la Comisión, respectivamente, uno o dos de los tres miembros propuestos. Sin embargo, solo una probabilidad del 2,5 por mil de que el sorteo les conceda el control de la Comisión de cinco miembros con los tres aportados. Con estas probabilidades, y un proceso transparente por escrito, no tiene sentido que se adopten estrategias oportunistas, en lugar de proponer a buenos y reconocidos expertos como evaluadores.

El objetivo de la Comisión de Evaluación debe ser presentar, como máximo, un número doble de candidatos apropiados que el de altos cargos a cubrir, sin establecer ningún orden de preferencia. Si, digamos, se ha admitido a 40 de los candidatos presentados a un concurso para renovar los 12 miembros de una institución, la Comisión formada por sorteo seleccionaría, por mayoría y por escrito, 24 candidatos como máximo, siempre que ese número se alcance con personas apropiadas.

La tercera fase de la propuesta se desarrolla con clara participación parlamentaria, ya que los partidos son los que cuentan con el respaldo de la soberanía popular. Esta fase puede llevarse a cabo de dos formas alternativas. En la primera, el Parlamento, por mayorías adecuadas y tras sesiones de audiencia, elige a quienes han de ocupar los altos cargos entre aquellos que la Comisión de Evaluación ha seleccionado, salvo que en caso de superarse ciertos límites temporales (digamos, dos o tres meses de debate parlamentario) sin alcanzar las mayorías requeridas, se tenga que seguir obligatoriamente la segunda alternativa.

Según esta segunda forma, los partidos, en sede parlamentaria, podrían establecer vetos de hasta una cuarta parte de las personas propuestas por la Comisión de Evaluación. Así, los partidos pueden corregir, parcialmente, la selección hecha por los evaluadores. Tras los posibles vetos, un sorteo imparcial entre los candidatos que resten de la propuesta de la Comisión daría las personas que han de ocupar los altos cargos. En ambas formas alternativas, la imparcialidad del azar introduce los estímulos necesarios para evitar comportamientos partidistas inadecuados y poder asegurar una independencia personal de los altos cargos, nombrados de acuerdo con su mérito.

Emilio Albi es catedrático emérito de Hacienda Pública. Ha presentado esta propuesta en varias ocasiones, recientemente en el libro ‘Supervisión, Control y Evaluación’ (IEF, 2018).

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