Rivera plantea endurecer las incompatibilidades para acceder al Constitucional

Ciudadanos ha registrado este martes en el Congreso una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 magistrados que componen el Tribunal Constitucional que tiene como uno de sus pilares una nueva incompatibilidad. No podrán aspirar al puesto aquellas personas que hayan sido cargos públicos electos; que hayan sido parte de Gobiernos; o que hayan ocupado una posición relevante en partidos o sindicatos, según explicaron a EL PAÍS fuentes de la dirección del partido antes de que la iniciativa fuera pública. La formación de Albert Rivera intenta así evitar la politización del Alto Tribunal. En cualquier caso, los votos de los 32 diputados de Ciudadanos son insuficientes para sacar la reforma adelante, por lo que necesariamente tendrán que buscar apoyos de otras formaciones.

Más información

Ciudadanos rechaza que Ollero presida el Tribunal Constitucional

El PP y el PSOE imponen en el Senado a sus cuatro candidatos al Constitucional

Las candidatas al Constitucional piden más mujeres en el Tribunal

"Queremos fuertes incompatibilidades previas", explicó una fuente de la máxima confianza de Rivera. "No podrán haber sido cargo público por las listas de un partido", siguió sobre esa nueva barrera que también se aplicaría a antiguos integrantes del Gobierno, de Gobiernos autonómicos, altos cargos de las Administraciones públicas, de los partidos y de los sindicatos. "El modo de elección sería igual al actual en cuanto a mayorías, pero con un verdadero proceso de comparecencias previas, tipo americano", añadió sobre la intención del partido de que una comisión independiente evalúe previamente a los candidatos y emita un informe no vinculante sobre su idoneidad para el puesto. "La votación sería individualizada, no por cuotas de partido".

El partido aún debe decidir si esas nuevas incompatibilidades también se aplicarían a candidatos al Constitucional que hubieran concurrido anteriormente a unas elecciones en las listas de un partido, sin obtener el acta a la que optaban.

La incorporación de parte los magistrados del Constitucional es un acuerdo político. La Comisión de nombramientos del Senado propuso el pasado miércoles a María Luisa Balaguer, Cándido Conde-Pumpido, Ricardo Enríquez Sancho y Alfredo Montoya Melgar para ocupar los cuatro puestos que hay que renovar. Había quince candidatos para las vacantes abiertas por el fin del mandato de Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asúa y los fallecimientos de Francisco Hernando y Luis Ortega. Sin embargo, sus comparecencias solo supusieron el cumplimiento de un mero formalismo: el PP y el PSOE, los dos grupos mayoritarios en la Cámara Alta, ya habían alcanzado un acuerdo. El pleno del Senado debe ratificar este martes esos nombramientos.

Además, Ciudadanos mantiene en su iniciativa todas las propuestas que ya planteó en su programa electoral. Entonces propuso la exigencia de que los candidatos tuvieran 25 años de ejercicio profesional para poder ser designados magistrados (ahora son 15) para un periodo de mandato de 12 años (por los nueve actuales) y fijándose la jubilación a los 75 años. La renovación parcial se realizaría cada cuatro años (ahora son tres). Tras el cese como magistrados, estos pasarían a la situación de jubilación con incompatibilidad para el desempeño de cualquier empleo, público o privado.