Que el calendario energético no venga con prisas

España, como el resto de los países de la Unión Europea (UE), tendría que haber presentado el Plan Nacional Integral de Energía y Clima antes del 31 de diciembre pasado en Bruselas. Pero hubo varios de ellos que no llegaron a tiempo y se les dio una prórroga hasta el 31 de enero, entre ellos España. Ha acabado el mes y España tampoco ha cumplido el plazo, al igual que Francia, la República Checa, Hungría y Luxemburgo.

Se supone que el comisario de Energía y Acción Climática, el español Miguel Arias Cañete, concederá ahora un nuevo periodo de gracia, que permitirá que España lo remita antes de que acabe febrero, según precisó el jueves el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El Gobierno español esgrime como argumento para este nuevo retraso que han tenido que realizarlo en un tiempo récord, ya que “no encontramos ni una línea escrita” del mandato del PP. A su juicio, Cañete, que pertenece a ese partido, sabe que “las directrices que maneja el actual Gobierno en esta materia están muy cerca de sus postulados”, además de resaltar que se ha mostrado muy comprensible.

En definitiva, los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica quieren, como Joaquín Sabina en Noches de boda, que “el calendario no venga con prisas”, aunque tengan el convencimiento de que tampoco hay pausas. Se trata de culminar un plan muy ambicioso que sea una seña de identidad para el actual Gobierno. Lo dijo la ministra, Teresa Ribera, recientemente, en una reunión con las ONG medioambientales y hay que creerla (“estamos peinándola y poniéndole los colorines finales de la portada”) y lo rubricó el presidente Pedro Sánchez en Davos, al reconocer que el plan no es solamente ministerial, sino un plan de Estado. Ello supone (y también explica los retrasos) que invade competencias de diversos ministerios (Industria, Fomento, Economía, Hacienda, Empleo e, incluso, Presidencia), además de Transición Ecológica.

El Gobierno quiere el proyecto sea una seña de identidad de su mandato

De acuerdo a las palabras de la activa ministra, el texto está a punto de caramelo; pero su multilateralidad ha hecho que se haya requerido que los departamentos implicados metan el lápiz y que haya tenido que haber una coordinación general para asimilar un texto que compartan todos. Una tarea complicada que todavía no ha terminado. Asimismo, se han querido incorporar aquellas ideas surgidas del debate con expertos y fuerzas sociales y políticas que se han considerado importantes, cuando no fundamentales. Eso ha provocado el retraso sobre los dos plazos transgredidos.

La sensación que se tiene, y que trasladan los que han tenido un acercamiento al proyecto, es que se ha hecho un trabajo muy serio para adaptar los cambios regulatorios a los objetivos del cambio climático y la lucha contra el calentamiento climático, que de verdad ponen sobre la mesa los objetivos de la transición energética.

En todo caso, el plan tiene las líneas muy claras: la transformación del sistema, basado principalmente en la reducción de emisiones, eficiencia energética y potenciación de las energías renovables. Ello supone la inversión de 200.000 millones de euros hasta 2030, con la característica de que tendrá un gran peso de origen privado, sobre todo en lo que corresponde a las nuevas plantas de renovables. Se calcula una relación de 80/20 entre privado y público. Del total de la inversión, el 40% (80.000 millones) corresponde a nuevos parques de energía eólica y plantas fotovoltaicas, entre otras, para las que habrá que realizar nuevas subastas. Eso supone una media de 18.000 millones al año, que además de las energías renovables cubrirá redes de transporte, eficiencia de los edificios, calefacción, etc. Asimismo, incluye el cierre de las plantas de carbón y de las centrales nucleares y el cambio en movilidad, con la implantación del coche eléctrico en sustitución de forma paulatina de la gasolina y el diesel.

Se prevén inversiones de más de 200.000 millones con participación público-privada

En este sentido, antes de 2020 se cerrarán nueve plantas térmicas de carbón. Quedarán cinco, que tendrán que clausurar antes de 2030 (As Pontes, en A Coruña, y Litoral de Almería, de Endesa; Aboño y Soto, en Asturias, de EDP, y Los Barrios, en Cádiz, de Viesgo).

Las nucleares, por su parte, se comenzarán a cerrar a partir de 2025 de forma acompasada con la entrada de las energías renovables, previendo que en torno a 2035 las siete (Almaraz 1 y 2, Ascó 1 y 2, Vandellós 2, Cofrentes y Trillo) actuales se habrán clausurado. Precisamente, el pasado lunes las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) acudieron al ministerio para analizar el futuro sectorial y ese cierre pautado.