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México mejora su oferta por los bonos del aeropuerto ante el rechazo de los inversores

El Gobierno de López Obrador ofrece ahora recomprar 1.800 millones de deuda emitida a su precio de emisión, casi un 10% por encima de la primera tentativa

El secretario de Hacienda mexicano, Carlos Urzúa.
El secretario de Hacienda mexicano, Carlos Urzúa. CUARTOSCURO

México se ve forzado a mejorar su oferta por los bonos del fallido nuevo aeropuerto de la capital. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ofrece ahora recomprar 1.800 millones de dólares de deuda emitida —sobre un total de 6.000 millones— al mismo valor al que se emitieron. La nueva propuesta llega menos de 24 horas después de que los abogados de un grupo que dice representar a más a la mitad de los inversores —muchos de ellos poderosos fondos de pensiones y bancos de inversión y estadounidenses— reiterase formalmente su rechazo a la oferta inicial de las autoridades mexicanas —publicada el lunes pasado—, que pretendía pagar el 90% del valor inicial de los bonos emitidos. Tras el no de este potente ramillete de entidades, al Estado mexicano no le ha quedado otra que subir su ofrecimiento para tratar de que la incertidumbre sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco no tenga mayores consecuencias para la economía nacional.

La mejora de la oferta, que incluye también el pago de los intereses pendientes y que se acomete íntegramente con dinero público, evidencia las dificultades que está encontrando el Estado mexicano en su intento por arreglar el entuerto del nuevo aeropuerto por la vía pacífica, sin necesidad de acudir a los tribunales, un extremo que quiere evitar a toda costa. Hasta que se encuentre una solución final al diferendo entre el país norteamericano, los inversores y los contratistas —dos negociaciones que marchan en paralelo—, las obras del nuevo aeropuerto seguirán en marcha para, precisamente, evitar cualquier tipo de incumplimiento contractual.

López Obrador y el resto de miembros de su gabinete han dejado claro, por activa y por pasiva, que harán caso al resultado de la polémica consulta popular celebrada la última semana de octubre, en la que el 70% del poco más de millón de personas que votó (el 1% de la lista de electores) se expresó en contra de continuar la obra. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México era una de las infraestructuras estrella del sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI) y llevaba un avance de casi la tercera parte.

En la práctica, la nueva oferta eleva el listón al que tendrá que hacer frente México: las arcas públicas se comprometen, implícitamente, a pagar, como mínimo, la totalidad de la deuda emitida (6.000 millones de dólares) y los intereses correspondientes para lograr el visto bueno de los inversores. Y la sensación imperante en los mercados es que las dos partes —Estado y tenedores de los bonos— alcanzarán un acuerdo. "Creemos que es en interés de ambos alcanzar un acuerdo, incluso si las negociaciones se prolongan a lo largo de 2019", apuntaban los analistas de Morgan Stanley en una nota publicada el lunes, antes de que se desvelase el nuevo ofrecimiento, pero después del no de los inversores.

Nuevas garantías

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, de capital público, ofrece, además garantías adicionales a los inversores. La más destacada es la cláusula que explicita el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado mexicano (default) en caso de que las tarifas aeroportuarias que recibe el actual aeropuerto capitalino —que son, en última instancia, la garantía de repago de los inversores— se vieran mermadas por la construcción de un nuevo aeródromo en un radio de menos de 70 kilómetros —como el de Santa Lucía, la propuesta estrella de López Obrador— o por un incremento en las operaciones del de Toluca —la opción que baraja el Ejecutivo para complementar ambas infraestructuras—. Eso no quiere decir que las autoridades mexicanas renuncien a ninguno de los dos proyectos sino simplemente que, de afectar a los ingresos del actual aeropuerto, el erario mexicano tendrá que afrontar la responsabilidad del impago, aunque la primera versión filtrada de la oferta en inglés es mucho menos clara que la nota del Gobierno.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público", añade el comunicado hecho público a última hora de la tarde, "considera que estas modificaciones se realizan en beneficio de los tenedores y que las mismas atienden, en la mayor medida posible, a sus preocupaciones de acuerdo con las nuevas políticas del Gobierno mexicano". El nuevo plazo de aceptación de la oferta por parte de los inversores empieza el próximo 19 de diciembre —cuatro días después de la fecha límite para que el Ejecutivo presente los Presupuestos para 2019— y concluye el 4 de enero.

Aunque los bonos para la construcción del nuevo aeropuerto —mayoritariamente en manos de inversores internacionales— no tienen la categoría de soberanos, desde que López Obrador, entonces presidente electo, comunicó que cancelaría la infraestructura, han arrastrado consigo a la prima de riesgo del país norteamericano. En lo que va de año, la deuda pública a 10 años en circulación se ha encarecido un 18%, lo que afecta a su vez, a las nuevas emisiones de papel por parte del país norteamericano.

Con la Bolsa mexicana cerrada por festivo, hay que tomar la temperatura a los mercados tras el nuevo plan a través de dos variables financieras: la cotización del peso, el mejor marcapasos de la segunda mayor economía de América Latina, y la fluctuación de los bonos soberanos.Y la acogida ha sido mayoritariamente positiva: la divisa mexicana recuperaba a primera hora de la mañana hora de la Ciudad de México ocho décimas frente al dólar y el papel del Estado se revalorizaba en cuatro décimas. Como ya ocurrió con la primera propuesta de recompra de los bonos, la cotización de las obligaciones se disparó entre un 8% y un 10%, en función de su fecha de vencimiento.

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