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La UE trata de salvar la reforma del euro para evitar futuras crisis

Los ministros de Finanzas de la zona euro intentarán esta semana llegar a un acuerdo sobre el fondo de rescate, el presupuesto comunitario y el fondo de garantía de depósitos

Lluís Pellicer
La ministra de Economía, Nadia Calviño, y su homólogo italiano Giovanni Tria
La ministra de Economía, Nadia Calviño, y su homólogo italiano Giovanni TriaSTEPHANIE LECOCQ (EFE)

Los 19 países europeos que comparten moneda tratan de salvar los muebles en la reforma del euro. Aquellas naciones más ambiciosas pretenden atar acuerdos para fortalecer la arquitectura de la Unión Bancaria y mantener con vida la propuesta de un presupuesto para la zona euro y, sobre todo, el fondo de garantía de depósitos. El pulso de Italia ha reavivado las reticencias de los defensores de una férrea disciplina fiscal. Para evitar que se atrincheren, se han acelerado los trabajos con el objetivo de reducir los riesgos bancarios. Los ministros de Finanzas tratarán de aprobar las medidas esta semana.

Este lunes arranca en Bruselas un debate que, como asegura un alto cargo comunitario, será “largo e intenso”. En juego está la reforma del euro que en julio los líderes de la UE decidieron aplazar hasta finales de año. Y de nuevo, la apuesta del presidente francés Emmanuel Macron para dar un empujón al euro para que no estalle en la próxima crisis se topará con la ardua resistencia de los países del norte y las dudas de Alemania.

El pasado fin de semana los Diecinueve aún intentaban alcanzar la complejísima condición que paraliza otras tantas carpetas: el consenso. Fuentes comunitarias explican que lo hay para crear un cortafuegos que entre en funcionamiento en caso de una quiebra bancaria. Pero ahí acaba la unanimidad necesaria para las reformas. Y llevar solo esa medida a la próxima cumbre del euro sería un rotundo fracaso para Macron, que no tendría medidas para vender a su electorado en las elecciones de mayo.

Los socios del euro coinciden en que debe fortalecerse el fondo de rescate (MEDE) y convertirlo en una suerte de Fondo Monetario para la UE que pueda dispensar fondos precautorios para países en apuros. Se trata, por ejemplo, de que si un país sufre un incremento inasumible de su prima de riesgo por el efecto contagio procedente de otra economía pueda pedir esos préstamos temporales.

Resistencias del norte

Los países de la llamada Nueva Liga Hanseática, liderada por Holanda y formada por los nórdicos y bálticos, exigen que cualquier asistencia se haga con una estricta “condicionalidad” y piden dar más competencias para el MEDE. En caso de reestructuraciones de deuda, además, reclaman cláusulas de acción colectiva, que consisten en que una mayoría de bonistas puedan acordar condiciones que sean aplicables al resto. Francia ha aceptado este último punto, pero junto a países como España o Italia rechaza imponer condiciones tan estrictas para no estigmatizar frente a los mercados a un miembro con problemas.

Tenso debate en torno a la ‘tasa Google'

Junto con el presupuesto de la zona euro, la llamada tasa Google es la otra gran apuesta del Gobierno francés. Y las negociaciones de los últimos días no han convencido aún a los cuatro países que se oponen radicalmente a ella si no se adopta a nivel global: Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia.

Según fuentes comunitarias, Austria —que tiene la presidencia rotatoria de la UE— ha hecho una nueva oferta: aplicarla a partir de 2022 si la OCDE en estos años no logra alcanzar un acuerdo. Sin embargo, estos países aducen que con esa tasa sobre la facturación se podría estar gravando a empresas en pérdidas, lo cual supondría un freno a la innovación en Europa.

En cambio, Francia, España o Reino Unido no admiten que los gigantes tecnológicos logren seguir esquivando los fiscos nacionales. De hecho, 11 países han decidido implantarla unilateralmente.

A partir de ahí llegan los grandes desacuerdos: el presupuesto de la zona euro y el fondo de garantía de depósitos. Los Diecinueve tienen ya una fórmula técnica por la que, de momento, los fondos nacionales podrían prestarse dinero entre ellos para luego seguir avanzando. Pero Alemania ha echado el freno. “Está con respiración asistida”, dicen fuentes comunitarias. Fuentes diplomáticas lo confirman. Los más optimistas creen que mientras esté en la hoja de ruta el proyecto sigue vivo. Los más pesimistas lo dan por muerto.

El desafío de Italia a las reglas comunitarias y su rechazo a limitar la deuda soberana en manos de la banca nacional ha hecho que Alemania haya decidido que sea la última de sus prioridades. Su ministro de Finanzas, Olaf Scholz, lo expresaba así el pasado miércoles: “Un fondo de garantía de depósitos común se halla al final del camino”. Y advertía: “Y el camino a esa meta es largo y lleno de condiciones”.

Alemania viene reclamando que antes de compartir riesgos hay que reducirlos. Los últimos datos de la Comisión señalan que éstos continúan reduciéndose: la morosidad sigue bajando y países como España prácticamente han salido del radar. “No tienen excusa”, afirman fuentes diplomáticas. Para sacar al fondo de la UCI, se han acelerado los trabajos del llamado paquete bancario que, según los papeles a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incluyen los criterios en caso de insolvencia, medidas para ayudar a bancos con altos niveles de morosidad o contra el blanqueo de capitales.

La gran apuesta del eje francoalemán es, aun así, el presupuesto de la zona euro. De momento, se limita a inversiones, pero Francia está dispuesta a explorar el seguro europeo de desempleo en el que insiste España y que divide al Gobierno de Angela Merkel. Ahí estará el meollo de la discusión esta semana. El abismo entre los países del norte y el resto lo abre una palabra: “estabilización”. Los Estados más ortodoxos opinan que eso desalentaría al sur a llevar a cabo reformas. Para Francia es un caballo de batalla, puesto que cree que solo un mecanismo comunitario permitiría evitar que países con escaso margen fiscal acaben colapsando en la próxima crisis. En otras palabras: el desastre.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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