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Bankia dice que no sabe de qué se le acusa y trata de expulsar del juicio a los inversores que ya cobraron

En la segunda jornada, los abogados de las defensas amenazan a las acusaciones particulares con el pago de elevadas costas si pierden

Elena G. Sevillano
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato junto al resto de acusados, durante la primera sesión del juicio por la salida a Bolsa de la entidad.
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato junto al resto de acusados, durante la primera sesión del juicio por la salida a Bolsa de la entidad. EFE/POOL
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Incertidumbre. Confusión. Indeterminación. Inconcreción. Fueron las palabras más repetidas este martes durante la segunda jornada del juicio por la salida a Bolsa de Bankia. La mañana se dedicó íntegramente a las cuestiones previas de los abogados que defienden a los 34 procesados --consejeros y administradores de las entidades y Bankia, BFA y la auditora Deloitte como personas jurídicas--. Casi todos, de una forma u otra, enunciaron alguna variación de la pregunta: ¿Quién nos acusa y de qué?

Los abogados defensores ponen en duda la legitimidad de las 15 acusaciones particulares que están personadas en la causa y aseguran que ninguna ha concretado con claridad de qué acusan a sus clientes. Por eso todos pidieron a la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, que decrete la nulidad de los escritos de acusación y del auto de apertura del juicio oral. El tribunal tendrá que decidir sobre estas cuestiones antes de que empiece la fase de prueba del juicio.

La defensa más contundente fue la de Bankia, que aseguró que algunas acusaciones particulares no han aportado la documentación que demuestra que representan a accionistas. Puso como ejemplo a Adicae y los "1.415 perjudicados que dice representar". Afirmó que, según sus comprobaciones, en total solo 205 personas físicas y cuatro jurídicas reúnen los requisitos para estar personados en el juicio porque aún no han sido indemnizados. Del listado proporcionado por Adicae, aseguró, solo 30 personas están legitimadas.

El abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter, recordó que en 2016 la entidad abrió un cauce extrajudicial para devolver a los afectados la inversión. Les recompraron las acciones con un 1% de interés, para lo que emplearon 1.840 millones de euros. "La inmensa mayoría lo eligieron y renunciaron a acciones civiles y penales", aseguró. El letrado denunció que "hay personas que han fallecido que continúan personadas" y dijo que una de las acusaciones particulares ha reconocido que "es incapaz de localizar a sus representados". Bankia ha calculado que resarcir a todos los que faltan costaría apenas dos millones de euros, y que ya los tienen depositados en la fianza de responsabilidad civil.

Amenaza con la condena en costas

Burkhalter aprovechó para lanzar una "expresa advertencia": que pedirá la condena en costas de quien no esté correctamente personado en la causa. Un aviso que casi todos los abogados de las defensas incluyeron en sus intervenciones. Alguno recordó que, de las 15 acusaciones particulares personadas, solo se han presentado en el juicio cinco, y que las costas a repartir entre menos pueden ser muy onerosas. 

La presencia de las acusaciones particulares en este juicio es muy relevante, puesto que la Fiscalía solo acusa a cuatro de los 34 procesados (Rodrigo Rato, el ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú y los consejeros José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas) de un delito de estafa a los inversores. Los abogados defensores invocan la llamada doctrina Botín, según la cual no se puede juzgar a alguien cuando la Fiscalía no ha formulado acusación y no hay perjudicados directos (los que representan las acusaciones particulares).

Esa era la situación de partida en la primera sesión del juicio, pero la nueva fiscal encargada del caso, Carmen Launa, anunció por sopresa que está sopesando ampliar su acusación a un segundo delito, el de falsedad contable, que podría extenderse a todos los encausados. 

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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