La Audiencia Nacional culpa también al BFA de la quiebra del Banco de Valencia

La Audiencia Nacional ha confirmado este viernes como responsable civil subsidiaria a la matriz de Bankia, BFA, por las presuntas irregularidades que llevaron a la quiebra a Banco de Valencia. Estos hechos están siendo juzgados actualmente. En un auto, la sección tercera de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza un recurso de la Abogacía del Estado, en representación del FROB, y confirma la decisión tomada por el juez instructor, Santiago Pedraz en enero de 2018.

El auto cuenta con el voto particular del magistrado Antonio Díaz Delgado, partidario de estimar el recurso de apelación del FROB. En su voto particular asegura que si se considera a BFA como responsable civil también lo será el Estado. Añade que este último solo participa en los hechos investigados por su "necesidad de salvar al sistema ante una gestión privada que puso en riesgo" la estabilidad financiera.

El Banco de España intervino en noviembre de 2011 el Banco de Valencia, que tenía más de un siglo de historia, por su delicada situación de solvencia y liquidez y sustituyó al equipo gestor de la entidad por personal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El objetivo era "estabilizarlo y recapitalizarlo y así hacer posible una posterior enajenación a otra entidad mediante un proceso competitivo", según dijo entonces el Banco de España.

El Banco de Valencia se vendió en 2012 a La Caixa por un euro, después de haber recibido dinero público por un importe que ronda los 6.000 millones de euros (998 millones hasta mayo de 2012 y 4.500 millones en la intervención del Banco de España). Sus antiguos directivos están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por presunta administración desleal y apropiación indebida.

En el auto impugnado, Pedraz consideraba responsables tanto a BFA como a la Fundación Bancaja. El FROB recurrió alegando el "perjuicio" que le supondría ser considerado responsable civil subsidiario. El tribunal asegura ahora que ello supone la "única garantía del resarcimiento de los perjudicados accionistas del Banco de Valencia". BFA renunció al recurso de apelación.

El magistrado discrepante asegura que este caso "se compatibiliza mal" con los supuestos en los que el Estado debe responder subsidiariamente, pues no se trata de "un funcionamiento anormal de servicio público alguno por la gestión en la actuación de quien presta o realiza una función de servicio público, ya que no aparece imputada ninguna persona que haya gestionado entidades o instituciones del Estado".

La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para Domingo Parra, exconsejero delegado del Banco de Valencia, y Alfonso Monferrer, director de las participadas inmobiliarias. También están acusados los empresarios Salvador Vila, Juan Soler, Fernando Polanco, su mujer, Teresa Villalba, y el notario Carlos Pascual. La semana que viene se retoman las sesiones del juicio oral en la Audiencia Nacional.