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¿Y el lunes qué pasa con las hipotecas? ¿Todavía vale la pena reclamar el impuesto?

Notarios y bancos dudan sobre cómo actuar la próxima semana mientras abogados y asociaciones de consumidores recomiendan seguir adelante con las demandas

Anuncio de hipotecas en una entidad bancaria de Sevilla / VÍDEO: ATLAS

Cuando el Supremo dictó una sentencia el jueves en la que decía que eran los bancos y no los clientes quienes debían asumir los costes del impuesto por inscribir ante notario las hipotecas, las entidades aseguraron que se habían quedado perplejas. Las asociaciones de consumidores celebraron la decisión. Este viernes, la perplejidad les alcanzó a todos cuando una nota informativa señalaba que todo el proceso podía quedar en agua de borrajas. En 24 horas la incertidumbre volvió a cubrirlo todo.

Los servicios jurídicos de los bancos y los notarios todavía no habían digerido la decisión del jueves y el viernes ya tenían que tomar una crucial: qué hacer hasta que el pleno del Supremo decida quién paga ese impuesto. Porque puede tardar días (incluso alguna semana). Y la rueda hipotecaria no para: hay citas concertadas para firmar créditos, ciudadanos con acuerdos de compra ya cerrados y señales entregadas a los vendedores que no pueden esperar.

Dudas entre bancos y notarios

Fuentes bancarias y notariales aseguran que el viernes se firmaron menos hipotecas de lo habitual. Algunas no pueden esperar porque están en juego las arras u otra compra posterior. Y el lunes, las incógnitas son tantas, que es difícil saber qué harán los bancos, aunque la mayor parte de los consultados dijeron que seguirán aplicando la antigua normativa, es decir, será el cliente el que pague el impuesto. Si no está de acuerdo, el banco ofrecerá posponer la firma hasta que se aclare la situación. Porque no existe una recomendación común de las patronales sobre si aceptar pagar el impuesto o seguir exigiendo que lo abone el cliente. Cada uno hará lo que considere mejor.

El impuesto de actos jurídicos documentados grava determinados documentos notariales o mercantiles y se abona ante las haciendas de las comunidades autónomas. Las hay que aplican un tipo del 0% para la primera vivienda, como País Vasco, y otras como Andalucía o Aragón que cobran el 1,5%. Pueden suponer entre 1.000 y 3.000 euros. Más, si la hipoteca es muy abultada. Una cifra nada desdeñable.

Los notarios, en principio, apuntaron este viernes que advertirán de que la última sentencia del Supremo dijo que el impuesto correspondería al acreedor, es decir, al banco. Sin embargo, recordarán que este impuesto no se paga en el momento de la firma, sino que hay un plazo de dos meses para liquidarlo. Por eso, el banco y el cliente pueden dejar en el aire el pago hasta que haya una decisión clara. Pero algo debería quedar por escrito.

¿Y qué pasa con las reclamaciones?

Las mismas asociaciones de consumidores que aplaudieron la sentencia del Supremo que establecía que fueran los bancos y no los clientes quienes pagaran el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas se han quedado estupefactas al conocer el giro de la institución. “Consideramos que es un episodio más del culebrón en el que se han convertido las cláusulas abusivas y muy negativo para el consumidor”, comentaba la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceau, después de que el alto tribunal notificara este viernes a través de una nota informativa que deja en el aire la decisión que había hecho pública tan solo un día antes por la “enorme repercusión económica y social” que podría tener. La OCU, sin embargo, al igual que otras asociaciones y plataformas jurídicas, anima a los usuarios a no desistir en sus reclamaciones. 

El Supremo ya ha cambiado de opinión tres veces en lo que va de año sobre quién tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. En febrero dijo que eran los clientes quienes tenían que abonarlo. El jueves dio a conocer una sentencia en la que establecía lo contrario y tan solo un día después anunció que será el pleno de la sala III de lo Contencioso-Administrativo quien confirmará este giro jurisprudencial. “Hay que aclarar que hay una sentencia firme y que lo de este viernes ha sido una suspensión (...), entre otras cosas porque dos secciones enfrentadas con dos sentencias contradictorias”, dice Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). Las organizaciones de consumidores estiman que hay unos seis millones de familias que tienen derecho a solicitar la devolución.

La vía judicial sigue siendo la más recomendada 

La portavoz de la OCU recuerda que la decisión del jueves es firme y considera muy poco probable que el tribunal dé marcha atrás en su decisión sobre los AJD. La sentencia tiene una cierta complejidad en la interpretación, pero permite reclamar la devolución de cantidades y animamos a hacerlo”, dice Izverniceanu. En este caso habrá que dirigirse al banco y si no prospera ir por la vía judicial. La organización mantiene que todos los consumidores —salvo aquellos que ya tengan una sentencia firme— tienen derecho al reembolso de los importes de manera retroactiva, algo que la sentencia del jueves no establece de manera clara y que ha creado gran confusión entre consumidores y juristas. Y recuerda que ya ha habido sentencias polémicas del Supremo al respecto, la más reciente relativa a las cláusulas suelo, que tuvo que corregir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Fernando Herrero, secretario general de Adicae, lamenta la enorme confusión que se ha creado en tan solo un día, e insiste en que la sentencia del jueves dice que es el banco quien tiene que pagar: “Por ello los usuarios tienen que organizarse, agruparse y reclamar”. Pardos insiste en que la sentencia es una victoria y anuncia que la asociación mantendrá sus actuacionespresentará 60 demandas colectivas y saldrá a la calle para informar a los consumidores. 

También Javier Gaston, portavoz de la plataforma Denuncias Colectivas, aconseja a los consumidores que sigan reclamando: “El procedimiento puede durar un año o dos, no hay que esperar”. Pero a la vez reconoce su absoluta estupefacción: “Un tribunal que dicta una sentencia que aparentemente es firme y que se cuestiona a sí mismo es surrealista y afecta muy negativamente la imagen de la justicia en España y la seguridad jurídica”. 

Dudas con las devoluciones de Hacienda

El director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, dijo el viernes que es viable pedir la devolución del impuesto de las hipotecas a las oficinas autonómicas. En este caso podrán solicitar el reembolso por ingresos indebidos solamente quienes hayan firmado una hipoteca en los últimos cuatro años —el plazo de prescripción de las deudas con la administración—, informaba el jueves José María Mollinedo, secretario general del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El viernes por la mañana, los funcionarios de la oficina de gestión tributaria de la Comunidad de Madrid no habían tramitado ninguna reclamación. “No sabemos sin son los bancos o es la Administración pública la que debe devolver los gastos cobrados indebidamente a los usuarios”, ha explicado una de las funcionarias de la oficina, quien aseguró que poca gente se acercó a las ventanillas para solicitar información.

Según Adicae, la reclamación tiene que ir contra la banca, al tratarse de un contrato que el cliente ha firmado con ella. “No parece que sea Hacienda quien tenga que devolver cantidades ni que sea limitada a los cuatro años anteriores”, confirma uno de los letrados de la asociación.  

¿Pagaré más por mi hipoteca?

Los principales bancos españoles se desplomaron el jueves en Bolsa tras conocerse el fallo del Supremo. El viernes, las páginas web de contratación online de préstamos hipotecarios de algunas entidades estaban caídas. “No podemos establecer una relación causa efecto” entre la nota informativa del Supremo y este fallo informático, dice Herrero. “Si algunos bancos dejaran de conceder hipotecas a la espera de que se pronuncie el pleno del Supremo y ninguna entidad saliera a aprovechar la situación sería evidente que no hay competencia”, apunta. “Y lo denunciaremos”, remata Pardos. 

Gaston considera que el sector no dejará de un lado el negocio de la vivienda porque necesita recuperar su mercado hipotecario. Otra cosa es que revise al alza sus ofertas para que el consumidor asuma el coste del impuesto si finalmente el Supremo mantiene la sentencia. “Si los bancos decidieran de forma concertada subir los precios habría una violación de la ley”, dice Izverniceanu. “Y si lo hace una sola entidad perderá su posición en el mercado”. 

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