El 63% del fondo del Gobierno para la internacionalización se queda sin uso
Solo se utilizaron 184,8 millones de los 500 disponibles el año pasado a pesar de las dificultades de las pymes para obtener crédito con el fin de exportar o invertir en el exterior
El Gobierno creó en 2010 el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), con el que pretendía financiar a las compañías que no hallaban en el mercado créditos para sus exportaciones o inversiones en filiales en el exterior. Ocho años después, ese fondo aún no ha levantado el vuelo. El 63% de los 500 millones disponibles el año pasado no se tocó pese a las dificultades de las pymes para obtener crédito de la banca comercial para ese tipo de operaciones.
El año pasado, según consta en la memoria del FIEM de 2017, solo se utilizaron 184,8 millones de euros, una cifra que todavía es inferior a la del año anterior (226,6 millones). Su creación obedecía a la necesidad de cubrir huecos del mercado en la que la banca tradicional no entraba, ya fuera porque operaciones de este tipo entrañaban unos costes o unos riesgos excesivos para sus balances. Ese bajo resultado se produce pese a que las pequeñas empresas continúan denunciando dificultades para encontrar créditos para la exportación en el mercado.
“Para triunfar en el comercio exterior hay tres claves: vender calidad con un buen precio y dar facilidades de financiación al comprador. Es la fórmula para ser competitivos”, señala Joan Tristany, director general de la Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas (Amec). Esas facilidades son las que tendría que resolver el FIEM. Tristany denuncia que los principales damnificados de esa situación son las pymes que necesitan créditos para financiar ventas al exterior por debajo del millón de euros. La industria ha buscado durante años una fórmula crediticia que le permitiera asegurar su aventura internacional, no exenta de riesgos. El FIEM, que se articula con recursos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), debía cumplir ese papel y el año pasado creó una línea especial para pymes. Pero solo se realizaron tres operaciones de menos de un millón. El importe medio ascendió a 10,7 millones.
El proceso para conseguir un FIEM, denuncian diferentes fuentes, es complejo, farragoso y largo. Pese a que el año pasado pasaron por el Consejo de Ministros operaciones por un importe conjunto de 184,8 millones, la realidad es que a 31 de diciembre de 2017 el importe realmente financiado era solo de 120 millones de euros.
Tristany asegura que hay operaciones que se han dilatado más allá de un año. En la Administración son conscientes y el año pasado habilitaron una línea rápida, y hay quien asegura que alguna operación se ha llegado a cerrar en menos de 50 días. Pero el sentir general es que la aprobación media de una operación es de seis meses. “Se trata de créditos que se conceden después de evaluar al deudor y garante, dentro de unos límites asumibles, a fin de asegurar el reembolso”, afirman desde el Ministerio de Industria a través de un correo electrónico.
“En estrecha colaboración con las empresas, en los últimos años se están llevando a cabo medidas de agilización del procedimiento, sin que se alteren los criterios de control y buena gestión del instrumento”, afirman las mismas fuentes del Gobierno, que señalan que en el mercado hay “amplia” disponibilidad de fondos.
Altos costes de administración para la pyme
El jefe de exportaciones internacionales de un gran banco admite que las empresas que plantean operaciones pequeñas se quedan fuera del circuito que ofrece la banca comercial, especialmente porque los gastos inherentes a las operaciones, los equipos que hay que movilizar en los países de destino o el hecho de que en algunos casos se comercie con países de alto riesgo (según la OCDE) encarece en exceso ese tipo de operaciones e impide su rentabilidad para las entidades financieras. El directivo afirma que una operación de ese tipo puede llegar a suponer el 5% del crédito que se demanda si este es de medio millón de euros.
De ahí la creación del FIEM, aunque no ha sido utilizado por las pymes porque todavía es demasiado desconocido y porque el formulario que deben rellenar las compañías en muchas ocasiones es excesivamente “complejo” para empresas pequeñas. “Existe la voluntad por parte de la Administración de simplificar los procesos”, señala un gestor de este tipo de operaciones. El FIEM recibió un varapalo del Tribunal de Cuentas: un informe señaló que se había aprobado de forma indebida la condonación de fondos por un importe de 740 millones en 2016.
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