Amenazas para la recuperación

Una cosa es defender que existan condiciones objetivas regulares para mantener y aumentar la inversión y otra bien distinta es intentar una medición del estado de optimismo o pesimismo empresarial. Sin entrar en las dificultades para medir el estado de ánimo, por fuerza heterogéneo e indemostrable, de un universo social que hace precisamente de su disposición anímica una herramienta de trabajo, parece claro que existen varios factores políticos que influyen sobre tal disposición, pero son factores secundarios que no deberían prevalecer sobre los parámetros primarios. Como, por ejemplo, las expectativas de crecimiento del mercado correspondiente, la rentabilidad marginal de la inversión o la disponibilidad de crédito. Vamos a dar por bueno (beneficios cantan, al menos en las grandes empresas) que las condiciones objetivas han mejorado en general, sin excesivos entusiasmos y que esa mejora se ha sostenido al menos desde 2015. Así pues, habría de deflactar los indicios de pesimismo empresarial que se aprecian en los últimos meses.

Sin duda, hay motivos para una cierta preocupación. Los organismos internacionales y el propio Gobierno avanzan una ligera desaceleración económica en España a partir de 2019 (atención, hubiera sucedido igual con el PP en el poder; el entorno económico externo no se gobierna desde Moncloa) y el enfriamiento del turismo no es ajeno a esa moderación. Preguntarse si el Gobierno de Rajoy pudo hacer más para racionalizar el turismo de aluvión —que ha contribuido a precarizar el mercado español— es pura retórica. Pudo, pero no lo hizo y ahora el arco mediterráneo, competidor de España, va a recuperar los viajeros perdidos durante la etapa anterior de inseguridad. Décadas de discursos e informes defendiendo la transformación del turismo español en un mercado de más calidad y valor añadido se han quedado en nada concreto. En el turismo de sol y playa siguen proliferando los negocios raquíticos y el escaso valor añadido. España es muy vulnerable a cualquier modificación mínima de las condiciones del entorno.

La amenaza para la confianza empresarial tiene nombre propio: Donald Trump. Esa debería ser para los empresarios españoles la principal amenaza, porque está llevando a la economía mundial a una nueva fase de recesión. Los efectos de su política, que en términos benevolentes podría definirse como un intento de reducir el déficit exterior estadounidense a martillazos, está produciendo ya un descenso notable de la inversión entre países, un encarecimiento de los factores de producción y una vuelta a las técnicas mercantilistas de subvencionar aquellos sectores afectados por la ruptura catastrófica del libre comercio. Washington ha empezado por conceder ayudas públicas a la agricultura, pero acabará por subvencionar a los automóviles, al acero y hasta a los restaurantes de Manhattan. Hay una esperanza remota. Quizá, pasadas las elecciones de noviembre, Trump baje la presión proteccionista.

Trump es una amenaza económica; significa una quiebra flagrante de la estabilidad de los mercados. Cataluña, en cambio, es una genuina amenaza política. Representa incertidumbre y, como ya se ha repetido en estas páginas, la incertidumbre tiende a reducir a cero la oportunidad de inversión. Parece que los empresarios españoles conceden pocas probabilidades de éxito al nuevo clima —por el momento, sólo es atmósfera— político surgido con el cambio de Gobierno que se aprecia entre Moncloa y la Generalitat. El independentismo inmune a la realidad es un factor evidente de perturbación económica pero lo más dañino de sus efectos es la persistencia en el tiempo. Buena parte de los daños ya se han descontado, pero pueden aparecer nuevos perjuicios.

Si se admite un juego inocente, aunque inexacto, resulta que el riesgo mayor para la economía española procede del proteccionismo (incluido el brexit). Porque de la subida de tipos en Europa todavía es pronto para inquietarse.