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OPINIÓN

La banca es cosa seria

El expresidente del Popular afirma en el artículo que la resolución del banco "fue un atropello que exige una reparación"

El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, en el Congreso
El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, en el Congreso EFE

El Banco Popular fue resuelto y vendido por un euro al Santander el 7 de junio de 2017, tras amortizar todas sus acciones y bonos convertibles. Desde el primer momento todas las autoridades coincidieron en que la crisis y resolución del banco habían sido consecuencia de un problema agudo de liquidez, un pánico bancario que provocó una retirada masiva de depósitos. También hubo coincidencia en afirmar la solvencia del Banco Popular. El auditor, PwC, ratificó las cuentas emitiendo una opinión sin salvedades; incluso una vez resuelto el banco y también confirmando que la reexpresión de abril de 2017 no era significativa. El propio banco, presidido por mi sucesor, había certificado a 31 de marzo de 2017 que su patrimonio neto ascendía a 10.777 millones y que presentaba un exceso del 82% sobre las exigencias de liquidez.

Los hechos hablan por sí solos. Los accionistas perdimos nuestra inversión, sin ser oídos y sin procedimiento alguno que permitiese la defensa de nuestro patrimonio. Fue un atropello que exige reparación, y una investigación suficiente, porque 300.000 familias necesitan una respuesta y porque la confianza en el sistema financiero está en juego.

La Junta Única de Resolución (JUR) certificó que no había motivo para retirar la licencia al banco y seguir funcionando. Entonces, ¿por qué actuó? Porque estaba ante una situación de emergencia por un pánico bancario que impedía que el banco pudiese atender sus pagos con normalidad. La JUR aplicó un procedimiento inadecuado para un banco solvente, optando por su venta tras amortizar sus acciones y bonos, no considerando otras opciones. No cabe mayor castigo para accionistas y bonistas.

Los perjudicados por el expolio quedamos en shock, unos afectados decidieron reclamar contra los administradores —entre los que me encuentro, como también mi sucesor—, a los auditores y al propio banco, otros —la gran mayoría— a la JUR. También el Estado y el Santander afrontan reclamaciones. Se cuestiona incluso la ampliación de capital acometida en 2016, en la que el consejo desembolsó, y mayoritariamente perdió después, 500 millones.

¿Qué había ocurrido para que un banco solvente se disolviese como un azucarillo en un mes? Según consta en el informe de auditoría de cuentas del Popular, la crisis de liquidez que acabó con el banco se desarrolló en el segundo trimestre del año. Hay coincidencia en señalar que la causa de la crisis fue una comunicación improvisada y temeraria, basada en mensajes hacia la entidad y hacia el público impropios de un administrador, especialmente desde la celebración de la junta general del 10 de abril presidida por Emilio Saracho.

La banca es fundamental para el buen funcionamiento de la economía y para la estabilidad de un país. Sus responsables deben atender al principio de confianza legítima. Como se ha podido comprobar, mi sucesor, con tono populista y en una sola intervención en el Congreso, destruye la confianza en el sistema, ataca a los supervisores nacionales e internacionales, a los auditores y a sus antecesores, omite los documentos que avalan y reflejan la solvencia del banco, tanto por despachos y consultoras de prestigio como por los supervisores, y con una vehemencia propia de alguien que ignora las consecuencias de sus actos, prescinde de un relato fáctico real, y amparándose en una preparación dialéctica, que es innegable, dice ahora que la banca es una “estafa piramidal”, eso sí, legal. Estas palabras pueden explicar por sí solas por qué carecía de las capacidades para presidir un banco, evidencian la temeridad con que se expresa y cae en contradicción con sus propios actos.

Es más, si era consciente de que había una hemorragia de liquidez desde su discurso incendiario a la Junta General de abril, ¿por qué dijo el 18 de mayo al consejo de administración que el día de pedir la liquidez de emergencia no había llegado y esperaba que no llegase nunca? ¿Por qué después de perder 10.000 millones de depósitos en dos meses manifiesta a los consejeros que el banco es solvente y tiene liquidez el 28 de mayo y demora la petición de liquidez hasta el 5 de junio? Lo que había pasado es fácil de explicar en un negocio basado en la confianza. Su plan para cerrar rápidamente una venta barata o una ampliación de capital a precio de saldo requerían que la acción bajase y que las autoridades se asustasen. Cumplió su plan, su gestión temeraria acabó en desastre, el pánico se apoderó también de las autoridades que, por primera vez en la historia, y me atrevo a pronosticar que por última, aplicaron la solución inadecuada a un banco solvente. Este expolio reclama justicia.