Las aseguradoras aplauden la vuelta de Pere Navarro

Cuando el Gobierno del PP destituyó a Pere Navarro Olivella de la Dirección General de Tráfico en febrero de 2012 muchos dirigentes populares (y, por supuesto, políticos de distinto signo) lamentaron la decisión y la colocaron en el cesto de errores políticos tomados como consecuencia de los cambios de Gobierno. De hecho, fue una de las sustituciones que más tardó en realizar el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero, pese a los reparos, pudo más la política que la eficiencia.

 No solo lo lamentaron algunos políticos. También, asociaciones de usuarios y sectores empresariales ligados al tráfico, como los fabricantes, agrupaciones de transportistas y, sobre todo, las compañías aseguradoras, que se encomendaron a que la sucesora, María Seguí, siguiera (y no es un juego de palabras) la política marcada por Navarro y la tendencia de accidentes a la baja.

Por eso, ahora, cuando supieron que Pere Navarro volvía al cargo no han tardado ni dudado en aplaudir la disposición. Para ellos, el paso de Navarro por la DGT fue uno de los mayores aciertos que se han producido en la historia del sector. Le avalan las estadísticas. Con Navarro, que accedió al cargo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, la cifra de fallecidos por accidente de tráfico en vías interurbanas pasó de 3.933 (5.399 si se tienen en cuenta los accidentes urbanos) en 2003 a 1.484 (2.060) en 2011. Es decir, un 62,2%. En 2012 , la cifra cayó a 1.301 fallecidos (1.903 con los urbanos, por primera vez menos de 2.000) y en 2013 fue todavía mejor, con 1.134 (1.680). Parecía que, en efecto, la política implantada por Navarro había cundido. Sin embargo, desde 2014 la caída se quedó estancada; en 2016 fueron 1.161 y en 2017 se cifró en 1.200 muertes en accidentes interurbanos.

Según datos del sector, el impacto económico de fallecidos en 2017 fue de 2.700 millones

Todo eso lo agradecen las carteras de las empresas aseguradoras. Según datos del sector, el impacto económico de los fallecidos y heridos en 2017 asciende a 2.700 millones de euros, un coste que ya está pagado o provisionado.

Algo tuvo que ver la implantación en 2005 del carnet por puntos, acompañado de un control más exhaustivo de la conducción, la implantación de radares y una señalización muy rigurosa de las carreteras. También, creó la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad, que ha incrementado las pruebas de detección de drogas y de alcoholemia, así como la lucha contra los talleres de reparación ilegales y la mejora de la fiscalidad de la bicicleta.

Ahora, después de estos seis años de paréntesis en los que ha estado de agregado de Empleo en la embajada de España en Marruecos, Navarro vuelve a un puesto que quedó muy cuestionado desde su salida. Seguí fue destituida por el ministro que la había nombrado, Jorge Fernández Díaz, que la abrió una investigación urgente sobre la financiación concedida desde Tráfico a proyectos de investigación donde trabajaba su marido (una causa que finalmente se archivó). El último responsable, Gregorio Serrano, que llegó con el ministro Juan Ignacio Zoido, estaba muy tocado desde el caos en la gestión del atasco en la A-6 que afectó a miles de conductores el pasado enero por una gran nevada. Navarro se encuentra ahora ante el reto de superar el itinerario de éxito o superarlo.

Se encuentra ante el reto de superar los resultados de éxito de su anterior etapa

Las empresas esperan que siga mejorando la vialidad, algo que se concreta siempre en la cifra de muertos en la carretera, es decir, recuperar la tendencia a la baja tanto en accidentes como en víctimas. Pero también tiene otros perfiles. En ese sentido, Navarro se quedó sin poder aplicar la modificación del Reglamento General de Circulación. Planteaba limitar la velocidad a 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales. Ahora tendrá que decidir si mantiene en 120 kilómetros por hora la velocidad máxima en autopistas y autovías o si la sube a 130 o la baja a 110 y si se amplia la red de radares fijos y móviles y el uso de drones.

Navarro también se quedó con ganas de hacer una bonificación a los buenos conductores y de que se tomaran medidas para rejuvenecer el parque automovilístico con un plan de incentivos para la compra de coches nuevos con mayor dotación para los coches eléctricos o híbridos. Y algo que ha generado polémica puede deparar en dar marcha atrás en la modificación del Código Penal de 2015 en la que se decidió que las mayores imprudencias al volante pasasen a ser objetivo de juicio civil y no penal. A ello hay que añadir que sea obligatoria la educación vial en el proceso educativo.