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EDITORIAL

Obligados a planificar

Hay que racionalizar las infraestructuras españolas, pero los antecedentes políticos no dan lugar a la esperanza

La Administración pública española nunca ha sido capaz de gestionar con racionalidad las inversiones en infraestructuras. Este es un hecho histórico que contribuye a explicar por que en España existen aeropuertos sin aviones, ciudades de la Justicia abandonadas, redes de transporte pagadas a precio de oro por los contribuyentes que ni de lejos se aproximan a la rentabilidad, autopistas en quiebra o puertos infrautilizados. Sorprende que hoy nadie sea capaz de fijar responsabilidades políticas y económicas en el caso del fiasco de las radiales, cuando es evidente que existe un daño al patrimonio público. Y sorprende todavía más que en España el valor de las infraestructuras se acabe en las fronteras regionales. Para Cataluña sólo importa la inversión en obra pública realizada en Cataluña y lo mismo sucede con cualquier comunidad autónoma. El principio de rentabilidad para el conjunto del país (una inversión en carreteras en el arco mediterráneo también favorece a Andalucía) en España ni siquiera se entiende. Infraestructura es una base material, de almacenamiento o transporte, generalmente construida con dinero público, que facilita el flujo de la riqueza privada. Por lo tanto es un concepto comunitario que excluye la mera valoración de proximidad.

Las infraestructuras en España se desarrollan en régimen de caos y desorden. Hay demasiado transporte ferroviario de larga distancia y faltan cercanías; no se sabe bien cual será el futuro de las autopisas cuyas concesiones empiezan a vencer; sobran quizá aeropuertos o están mal dieñados segú n tamaño y funciones... y así sucesivamente. Varias razones explican el caos. Por ejemplo, el uso político de la construcción de obra pública para conseguir votos, que ha llevado a disparates como el de las radiales; o la presión de facciones corruptas, en connivencia con los partidos políticos, orientadas a extraer el dinero público a cambio de comisiones y cohechos. No es necesario subrayar la presencia del fraude en el alicatado de las costas españolas.

Pero a pesar de la indignación que genera la corrupción en la infraestructura, el daño sistemático e intenso no procede de la contratación fraudulenta, sino de la ausencia de una planificación o coordinación mínima de las obras públicas. Hay una competencia regional por cada puerto, por cada AVE y por cada carretera, con independencia de si están capacitados para sostener la rentabilidad del cemento construido o de una racionalidad de base en la acumulación de inversiones. Esta irracionalidad visceral está fundada en la reclamación permanente y en la maldición que pesa sobre el término planificación, contaminado desde ambos extremos (la planificación comunista y la planificación de López Rodó, bien distintas pero unidas en el concepto). Sin embargo, la planificación no sólo es conveniente, sino obligada. Fue la ausencia de planificación la que provocó el vergonzoso caos en el programa de renovables orquestado por Zapatero; y es la ausencia de planificación la que puede acumular estructuras sin sentido en las autonomías españolas.

España necesita un Plan Nacional de Infraestructuras, al menos para orientar con criterio los equipamientos basícos, construir AVE donde sean necesarios en función del tráfico, ordenar los transportes donde hacen falta en función de las necesidades de producción y suministro y erigir una red barata de telecomunicaciones que funcione. Un plan que dure varias legislaturas. No obstante, los precedentes políticos invitan al pesimismo.