La factura de las autopistas quebradas se dispara otros 760 millones por las expropiaciones

El Estado tiene ya una factura reconocida de casi 760 millones de euros por las expropiaciones de las nueve autopistas de peaje quebradas y en proceso de rescate. Esta cantidad es solo por las sentencias judiciales que ya son firmes, que elevan la valoración inicial de los terrenos a expropiar para construir estas vías. La factura final se prevé que supere los 2.000 millones —cuando se diriman en los tribunales los litigios pendientes—. Es decir, costará cinco veces más de lo que se calculó en su proyecto. Esa cantidad se sumará a la compensación de las concesionarias por el rescate (RPA), de entre 2.000 y 4.000 millones.

La polémica por el rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra tiene un capítulo hasta ahora inédito. Y es que, además de la llamada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), la compensación que deberá abonar a cada una de las concesionarias por hacerse cargo de las vías, el Estado ha ido asumiendo el pago de las expropiaciones de las fincas que se ha solventando en los tribunales por no estar de acuerdo los dueños con la valoración inicial.

Los 760 millones reconocidos por el Estado hasta ahora suponen solo una parte del monto total que finalmente se deberá pagar, puesto que hay cantidades todavía pendientes de resolución judicial. En total, se estima que se expropiaron 20.000 fincas para construir las autopistas de peaje, y que entre el 10% y el 20% de los expedientes están aún pendientes de resolución.

El Estado ha pagado por los litigios de momento 648 millones de euros y tiene reconocidos y pendientes de abonar otros 112 millones por sentencias firmes, según admite el Ministerio de Fomento en respuesta a una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia presentada por EL PAÍS.

De la factura de las expropiaciones, la más abultada son los 185,6 millones pagados por los terrenos por donde pasa la Radial-4, en Madrid. Le siguen los pagos por la radial R-2 (151 millones) y la AP-41 Madrid-Toledo (117 millones).

Las nueve autopistas quebradas suponen una quinta parte (570 kilómetros) de la red de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones. Precisamente la R-4 y la R-2 han sido las primeras en ser rescatadas por el Estado, que ha asumido su gestión.

Las concesionarias pagaron las expropiaciones hasta que se declararon en suspensión de pagos, y el Estado debió asumir esta factura por su responsabilidad civil subsidiaria. Inicialmente se calculó que el coste de las expropiaciones de terrenos de las nueve autopistas de peaje sería de unos 387 millones, según un informe de Seopan, la patronal que agrupa a las constructoras y las concesionarias. Es decir, solo el importe que ha pagado el Estado dobla ya esa cantidad. Si además se incluye en el cálculo lo que ya han abonado las concesionarias y lo que queda pendiente de resolución judicial, la factura final se multiplicará por cinco, hasta 2.000 millones de euros (2.217 millones, según ha calculado Seopan).

El único consuelo para las arcas públicas es que, a la hora de calcular la RPA, descontará el importe asumido en expropiaciones, lo que rebajará a su vez el coste del rescate. Además, el Estado también aligerará esa factura con los ingresos que recaude cuando vuelva a licitar mediante subasta las infraestructuras rescatadas. Se estima que esa reprivatización supondrá una recaudación de entre 700 y 1.000 millones, aunque dependerá de lo que estén dispuestos a pujar los grupos interesados.

La RPA es la cifra de la discordia. La única estimación oficial del Gobierno son los 2.000 millones de euros reconocidos en los Presupuestos prorrogados para 2018, aunque Seopan habla de 4.000 y el Tribunal de Cuentas de 3.718 millones.