Cuando la política viola las leyes de la economía

La Gran Crisis del 2008 sumió a la economía en el desprestigio. Una ciencia sometida demasiado tiempo al absolutismo imperial de la escuela neoclásica y la teoría de la decisión racional, la cual, como dijo Sen, identifica racionalidad económica con consistencia interna de la elección y estrategias de maximización del interés egoísta. Pero ni los modelos neoclásicos ni la elección racional pueden explicar las anomalías económicas actuales; quizás estemos saliendo de un periodo de ciencia normal para adentrarnos en otro de ciencia revolucionaria.

La economía no es una ciencia exacta, se nos dice. Ni lo es ni falta que le hace, para eso están las matemáticas. Pero, una menor exactitud no le impide ser ciencia: exhibe principios bien establecidos y regularidades empíricas, establece leyes universales. También realiza predicciones precisas al igual que un médico cuando establece un pronóstico vital de cáncer, donde importa menos la exactitud que su predicción sea correcta. De esto último, encontramos ejemplos en la crisis de la eurozona, donde los mercados financieros obligaron a los líderes europeos a tomar decisiones postergadas durante años. También los mercados dejaron desnudos a los políticos españoles que nos arrastraron a la recesión en 2008, y algo parecido ocurre con la crisis catalana.

En un artículo en EL PAÍS en 2007, ante las divergencias en precios y costes con la eurozona, predije una recesión en 2008. Para hacerle frente, fui el primero en España, que sepa, en proponer (en el mismo diario) una devaluación interna del 10 al 13% descompuesta en una vertiente fiscal (reducción del impuesto de sociedades, aumento del IVA), y otra de costes laborales unitarios (disminución de salarios y cotizaciones sociales, y aumentos de productividad). Pura dinamita política que reclamaba unos Pactos de la Moncloa II. De lo contrario, predije, nos esperaban nueve años de crisis.

Ya han pasado. En el segundo trimestre de 2017 alcanzamos el PIB de 2008, el empleo crece (2,8%) tanto como la producción (3%), pero ha perdido la tendencia lineal pre-crisis. Disminuyen las incertidumbres, mejoran las expectativas, la afiliación a la Seguridad Social es fuerte (18,48 millones), también las exportaciones, el endeudamiento privado se reduce, y mantenemos un superávit exterior aunque crezcamos.

Salimos de la crisis, pero ¡a qué precio! Aumentan las divergencias con la eurozona, la renta disponible y el PIB per capita son menores que en 2007, el endeudamiento exterior neto es excesivo, y la deuda pública casi se ha triplicado. El paro ha bajado a 3,7 millones y su tasa al 16,4%, tenemos 19 millones de empleados, pero mucha precariedad. El salario medio real ha recuperado su nivel y ha ganado un 2,4% en poder adquisitivo, pero la participación del trabajo en la renta ha perdido tres puntos porcentuales, quizás porque el sacrificio salarial no se ha trasladado a las empresas.

No ocurrió así con los Pactos de la Moncloa de 1977, pergeñados por los políticos del denostado "régimen del 78". Tenían un proyecto para España y la vista puesta en la Comunidad Económica Europea (CEE). Enrique Fuentes Quintana entendía que no podía violar las leyes económicas, y Rojo que "con una inflación del 26,4% ni entramos en la CEE ni vamos a la vuelta de la esquina". Sería imperdonable que tirásemos por la borda tantos sacrificios y no aprovechásemos la reforma constitucional para defender un proyecto de España tan alejado de quimeras ideológicas como respetuoso con las leyes básicas de la economía.

Manuel Sanchis i Marco es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.