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La CNMC recurre ante el Supremo que Energía fije los peajes eléctricos

El organismo supervisor reclama las competencias que se atribuyó el ministerio mediante un real-decreto

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada.
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. EFE

La Comisión Nacional de los mercados y la Competencia (CNMC) tensa más sus relaciones con el Gobierno, y en concreto con el Ministerio de Energía. El organismo que preside José María Marín ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real-decreto de reordenación del departamento que dirige Álvaro Nadal, promulgado el pasado octubre y según el cual se atribuye las competencias para fijar las tarifas del peaje eléctrico.

La CNMC se alinea, de esta forma, con los postulados de la Comisión Europea (CE), que ha reclamado que las competencias de fijación de tarifas corresponden a los organismos independientes. En ese sentido, el septiembre de 2016 remitió un procedimiento de infracción contra el Reino de España porque la CNMC es el único supervisor europeo que no tiene las citadas competencias. Esta circunstancia ha impedido que se haya cerrado el tercer paquete energético.

Pese a este procedimiento, el pasado 13 de octubre, el ministerio aprobó el real decreto que desarrolla la estructura orgánica y confirma las competencias. Posteriormente, el 27 de octubre, la CNMC remitió al Gobierno un requerimiento pidiendo que reconsiderara esa decisión con la advertencia de que interpondría un recurso. A la vista de que la respuesta fue negativa, ha decidido dar el paso ante el Supremo.

Es esta la segunda vez que la CNMC ha recurrido contra el Gobierno. La primera fue por el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROT) para que eliminara las restricciones en materia de transporte de pasajeros en vehículos de alquiler con conductor (VTC). La CNMC siguió el mismo camino que ahora, advirtiendo antes al Ministerio de Fomento y, a su juicio, el real decreto suponía una restricción a la competencia al limitar la entrada de vehículos y blindar el monopolio de los servicios de taxi.