Las televisiones en abierto denuncian la “jungla legal” de las plataformas online

Los operadores de televisión en abierto quieren que el Gobierno equipare las obligaciones de estos canales a las nuevas plataformas que distribuyen contenidos por Internet, como Netflix, HBO o Amazon. Viven en "una jungla legal", ha advertido el presidente de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca), Alejandro Echevarría, que ha reclamado que las plataformas online contribuyan también a la financiación de RTVE o del cine europeo.

Durante la celebración de la asamblea anual de la Uteca, inaugurada este martes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,  Echevarría ha exigido modificaciones legislativas que integren la nueva realidad para que se otorgue "un tratamiento en pie de igualdad a los distintos distribuidores de contenidos".

En el Día Mundial de la Televisión, Echevarría ha sostenido que mientras la televisión lineal vive sujeta a un marco regulatorio "exhaustivo y puntilloso", los nuevos distribuidores, "multinacionales en su mayoría", desarrollan su actividad en una jungla legal, "con limitados o nulos controles y obligaciones y con escasa contribución a la economía nacional".

Por el contrario, los operadores nacionales están obligados a contribuir a la financiación de RTVE con el 3% de sus ingresos anuales y a destinar otro 5% a la financiación de obras audiovisuales europeas (en el caso de los operadores públicos ese porcentaje sube al 6%). Para equiparar ambos sectores, Echevarría ha pedido un trato "en pie de igualdad" a los distintos distribuidores de contenidos.

Echevarría se ha referido también a la próxima migración de los canales de televisión a otras frecuencias por debajo de la banda de 700 MHz y ha pedido que este proceso de lleve acabo al margen de los vaivenes políticos y que tenga "el menor impacto y coste económico posible", tanto para los ciudadanos como para los agentes afectados.

En esta línea, la vicepresidenta del Gobierno se ha comprometido a iniciar a lo largo de este mes, a través del  Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, una consulta pública sobre la hoja de ruta a seguir para la aplicación del segundo dividendo digital, que implica que las  cadenas de televisión deberán desalojar el espectro que ahora ocupan para cedérselo a los operadores móviles.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que este proceso se abordará de tal manera que se garantice la seguridad jurídica y se cumplan los plazos determinados por Europa. Según el calendario fijado, el 30 de junio de 2020 las televisión habrán tenido que migrar a sus nuevos diales. Los operadores actuales tendrán, además, garantías de que permanecerán en esas frecuencias al menos hasta 2030.

Los cambios que se avecinan en la TDT tendrá "el mínimo impacto en los ciudadanos y en el sector", según la vicepresidenta, que se ha referido a la Directiva Europea de Comunicación Audiovisual para incidir en la necesidad de que exista una mayor flexibilización en las normas  publicitarias. Ha apostado, sin embargo, por un mayor control de los contenidos, especialmente en los orientados a los menores, para evitar aquellos que inciten al odio o a la violencia.

Durante su intervención, la vicepresidenta del Gobierno ha expresado su preocupación por el fenómeno de las fake news y ha dicho que los medios tradicionales tienen "la obligación, oportunidad y responsabilidad de filtrar, contrastar y verificar" las noticias y evitar la poliferación de informaciones falsas. En su opinión, los editores, los medios y los  periodistas se enfrentan a un fenómeno que "nos perjudica como ciudadanos".