El próximo 3 de enero más de 150.000 empresas pueden quedarse sin acceso a la Bolsa

Cuando una empresa quiera operar en Bolsa, le solicitarán ese código. Y sin él, no podrá hacer nada a partir del 3 de enero. Han tenido todo el año para solicitarlo —en España lo facilita el Registro Mercantil— pero no lo ha hecho la mayoría. "Los bancos y las empresas de servicios de inversión necesitan este código para poder identificar a sus clientes y tramitar sus órdenes. Muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, corren el riesgo de quedarse al margen del mercado al carecer todavía de este pasaporte", advierte Rodrigo Buenaventura, director general de mercados de la CNMV.

La CNMV estima que en España unas 200.000 personas jurídicas operan con alguna frecuencia en Bolsa, bien para optimizar sus puntas de tesorería, cubrir mediante derivados el riesgo de divisa, gestionar sus fondos de inversión o de pensiones o financiarse mediante la emisión de deuda o acciones. A día de hoy, menos de un 25% de este grupo de compañías cuenta ya con un LEI. El supervisor atribuye esta poca movilización sobre todo al desconocimiento acerca de los requisitos de los cambios normativos.

El LEI es un código alfanumérico de 20 dígitos que permite una identificación "clara y única" de las entidades jurídicas que participan en transacciones financieras, según explica el supervisor europeo (Esma). Este código, al igual que otros identificadores, "es necesario para que las entidades puedan cumplir con las obligaciones de reporte de información derivadas de los reglamentos y directivas". Este DNI o pasaporte financiero también es esencial para casar y agregar datos de mercado, "además de aportar transparencia y mejorar la supervisión", añade Esma. Desde 2014 las personas jurídicas podían obtener este código.

Los bancos y las empresas de servicios de inversión necesitan este código para poder identificar a sus clientes y tramitar sus órdenes

La nueva normativa europea de mercados financieros, Mifid II, hace obligatorio este código en el Continente a partir del próximo 3 de enero. Además, el uso del LEI es requerido o está en proceso de ser aplicado por otros reguladores, incluyendo los de EE UU, Canadá y la región de Asia y el Pacífico.

"En España el organismo habilitado para tramitar el código es el Registro Mercantil. Las personas jurídicas lo pueden solicitar ellas mismas o habilitar a su banco o empresa de servicios de inversión para que lo hagan por su cuenta", explica Buenaventura. La solicitud debe incluir los datos de referencia de la entidad jurídica como dirección, nombre, forma legal y propietario final (más del 50% de las acciones), entre otras cosas.

Calendario ajustado

El coste de un LEI varía dependiendo del emisor, pero en España las empresas que lo pidan deberán pagar 119 euros (IVA incluido). Si una persona jurídica española ya tiene el identificador expedido por otro país, no necesita validarlo en España.

Entre 24 y 48 horas después la petición del LEI, se entrega el código. Sin embargo, teniendo en cuenta el bajo número de personas jurídicas que ya tienen el LEI y el calendario de festivos que hay hasta final de año (puentes en diciembre y vacaciones de Navidad, además de los fines de semana), la CNMV teme que se produzca un cuello de botella que impida entregar el código en los plazos previstos a todas las empresas y entidades.

Esma señala que el LEI es un instrumento financiero "crucial" para la vigilancia de los mercados ya que es necesario para determinar qué supervisor nacional es responsable de hacer un seguimiento de la actividad del mercado de los instrumentos de ese emisor como bonos o derivados. "Para estos instrumentos, la legislación dice que el supervisor responsable debe ser aquel donde se encuentra el domicilio social del emisor, una información que está disponible en los datos de referencia del código".

La falta de LEI o la forma incorrecta para un instrumento financiero significaría que no será posible determinar qué supervisor es responsable de ese instrumento o que el instrumento será asignado al supervisor equivocado. "Por esta razón, Esma no acepta ninguna solución que permita eximir o minimizar la obligación de comunicar esa información", advierte.